La jueza María Eugenia Capuchetti anticipó que ni ella, ni el fiscal Carlos Rívolo, encontraron hasta ahora nada que exceda la responsabilidad de los únicos tres detenidos. “No se ha podido corroborar que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, aclaró.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva presentación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, apoyados en que la magistrada "cobra un sueldo de una institución ejecutiva" asociada al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro (actualmente de licencia tras la difusión de chats con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-).
A fines del año pasado, fuentes judiciales informaron el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en el teléfono del imputado, que ahora buscará "explicar a quién se los mandó y por qué lo hizo".
Entre los fundamentos de la presentación, los letrados de la actual titular del Senado sostuvieron que "el día viernes se conoció públicamente que la jueza tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La decisión fue tomada por el Tribunal Intermedio de Apelaciones, la Cámara Federal porteña, que concedió un recurso de apelación presentado por la querella de la Vicepresidenta contra el rechazo a su recusación, según la resolución.
Los apoderados de la actual titular del Senado, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, también insistirán en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato.
En la audiencia ante el camarista Leopoldo Bruglia, los abogados de la vicepresidenta reclamaron apartar a la jueza y la decisión ahora quedó en manos del magistrado. Por su parte, la jueza María Eugenia Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
El funcionario detalló que en la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidenta se pidieron 43 medidas de prueba y la magistrada negó 35, algo que expone "la clara vinculación" que tiene "con los dirigentes del PRO que intentan encubrir" a los autores intelectuales del ataque.
El legislador del Frente de Todos, cruzó a los funcionarios de la justicia por "darles tiempo" a "los nazis que integraban el grupo para planificar un siguiente atentado".
La magistrada María Eugenia Capuchetti recibió hoy la declaración de Mario Bongarelli, quien dijo ser “conocido” del acusado, y de los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido hizo un "reseteo" y volvió a "estado de fábrica".