El Ministerio de Seguridad consiguió con el anuncio de detenciones e identificación de autor intelectual de ayer descomprimir en parte la presión por la falta de resultados durante más de 30 días. La responsabilidad era compartida con el Ministerio Público Fiscal, que dirige la búsqueda. La descripción de la investigación que hicieron el fiscal general Jorge Baclini y el regional Patricio Serjal (peritaje de teléfonos, múltiples allanamientos y decenas de testigos) justifica los plazos que insumió hasta conocer los primeros resultados, amén de que van contracorriente de la ansiedad pública.
Los fiscales lucieron seguros y confiados en que la prueba reunida es determinante para acusar a los detenidos por el ataque a los inmuebles vinculados al juez Manfrín, así como de las líneas investigativas de los demás.
Después de la balacera contra el Centro de Justicia Penal, el gobernador recorrió el lugar y asumió personalmente la iniciativa. A eso se debieron las reuniones con magistrados, miembros de la Corte y legisladores provinciales del lunes.
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Su liderazgo fortalece el bloque político-judicial, hasta ahora disperso y envuelto en reproches cruzados. En lo personal, se rodea de actores que legitiman sus acciones. Salir del aislamiento significa alejarse de la pared, que es el lugar al que los atacantes lo empujan para que la presión social lo fuerce a atender sus demandas. La referencia es al gobernador porque es el responsable mayor de la tranquilidad social, pero también alcanza a jueces y fiscales.
En ese sentido, y a diferencia de situaciones que se vivieron en el período 2011-2015, todos los sectores de la oposición jugaron hasta aquí un rol a la altura de las circunstancias. Las discrepancias y cuestionamientos, que los hay, se hacen cuidando de no debilitar la posición de los que deben conjurar la ola de intimidaciones.
Jueces y víctimas
Para los jueces, las detenciones y pruebas recolectadas trajeron alivio, aunque nadie baja la guardia. Un día antes el propio gobernador les garantizó que se mantendrán todos los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la seguridad propia, de familiares, edificios y en los dos juicios de alto riesgo que se vienen: la apelación de la condena a Los Monos en la Justicia provincial y el inicio de la causa federal conocida como Los Patrones.
Dentro del Poder Judicial se bajó una directiva no escrita: ningún juez más se excusa a causa de intimidaciones. Lo explicitó el propio presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, al señalar en el canal de TV público de la provincia que quien “no está preparado para enfrentar estas situaciones no puede ser juez”.
En esa misma entrevista tomó distancia del apartamiento de Ismael Manfrín, presidente del tribunal que condenó a Los Monos y primer blanco de los ataques a inmuebles, avalado por la Cámara Penal: “Yo no me hubiera apartado”. Gutiérrez actuó como el general que empuja la tropa a luchar: “Acá nadie deserta”. Cuando la Corte quiere, puede.
A propósito de la Corte, “les balearon un edificio y ni siquiera redactaron un comunicado”, se fastidió un juez penal. Más allá de la relación jerárquica, algo se resquebrajó entre la base y el vértice de la pirámide judicial después del “yo no me hubiese apartado”.
Confites de plomo para negociar
Es de perogrullo que él o los promotores de los ataques golpean en busca de una negociación con el bloque político-judicial. Mucho se rememoró estos días el ensayo fallido para resolver con un juicio abreviado la causa por asociación ilícita contra Los Monos en 2014. Fiscales, jueces y la opinión pública lo frenaron a tiempo. Entonces buscaban condenas bajas, hoy hacen más ruido por mucho menos.
La lógica extorsiva para negociar es elemental: alteran el orden público y la paz social. Ofrecen reinstaurarla si les atienden sus condiciones. Por ahora no se conocen, al menos públicamente, las exigencias. La más obvia es vincularlas con el regreso a cárceles provinciales de los jefes de Los Monos enviados a Resistencia y Rawson, no por un problema de melancolía familiar si no porque la distancia les impide el manejo de sus negocios delictivos tras las rejas. Durante un tiempo daban órdenes por celulares hasta que el seguimiento de las llamadas lo dificultó. Mutaron a la transmisión de directivas en forma personal a través de visitas propias o compradas, procedimientos dificultosos cuando estás a 724 kilómetros de distancia. El otro tema es su seguridad personal. Allá, aislados, son presos casi comunes.
Cómplices
¿Y si no son Los Monos aunque parezca que tiene cola larga, es peludo, trepa a los árboles y come bananas? Está muy extendida en el bloque político-judicial la hipótesis de participación de ex policías y otros en actividad que facilitan información, objetivos y ejecución de atentados. Precisión, ausencia de agresores identificados y la matriz criminal-policíaca que caracateriza el reinado de Los Monos. No sería la primera vez ni la última que internas policiales para desplazar jefes, ganar poder dentro de la estructura policial o reclamar participación en algún negocio se dirime con la paz pública como rehén. Nada debe descartarse.
Legisladores de la oposición piden abordar otra pata del asunto: proponen posar de una vez por todas las miradas sobre el rol de los abogados. Hace tiempo que se discute si en algunos casos no están superando la raya que separa la labor de defensor con la de cómplices o partícipes. Es un tema complejo, que si no se lo aborda correctamente y con pruebas abroquela a toda la corporación.
El ex intendente y diputado Héctor Cavallero es uno de esos legisladores. En las últimas horas les pidió públicamente a socios de instituciones deportivas y sociales que “aíslen socialmente a los colaboradores de estas bandas” que ganaron espacio en esas instituciones a fuerza de poder económico. No hay demasiado misterio: esos clubes y sus socios saben a qué refiere el ex intendente. También lanzó otro mensaje: “Le digo a los jueces federales que se ocupen de investigar el lavado de dinero y que enfoquen en el microcentro. Yo mismo le puedo indicar los lugares”, dijo.
Aún si la investigación es todo lo exitosa que se dice, nadie puede bajar los brazos. Los jefes de las bandas detenidos tienen poco por perder; y si pierden ese poder habrá otros para reemplazarlos, del mismo modo que son fungibles los tiradores y sicarios. Ahí afuera está el fenomenal mercado de consumo de cocaína y marihuana ilegales. Mientras haya demanda, florecerán capitalistas dispuestos a suplantar a los caídos en desgracia. Como sociedad, lo esencial es resguardar la paz pública y cuidar a la gente, en especial a los pibes.
