¿Cuáles son los 5 cambios clave de la polémica ley que busca agilizar desalojos y expropiaciones?

La Cámara de Senadores de la Nación se prepara para tratar este jueves un dictamen que ha transitado un camino sinuoso. Se trata de la versión decimoctava de un texto que llega al recinto tras haber sufrido numerosas modificaciones, lo que anticipa una sesión de alta tensión política donde la oposición podría solicitar que el proyecto regrese a comisión debido a la magnitud de los cambios de último momento.

Cabe destacar que, ante las fuertes críticas recibidas, incluso de sectores vinculados a la Iglesia, el oficialismo debió retirar del proyecto la reforma de la Ley de Barrios Populares (RENABAP) y el capítulo correspondiente a la Ley de Tierras. No obstante, la iniciativa mantiene un núcleo de reformas sustanciales en materia de expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego.

Uno de los pilares de la reforma es la modificación de la Ley de Expropiaciones (21.499). El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar de manera específica el fin perseguido. Además, redefine la indemnización para los expropiados, tomando como referencia el valor de mercado del bien e incorporando, bajo acreditación, el reconocimiento por lucro cesante.

Para evitar que el Estado reduzca artificialmente el precio de los bienes, se fija que la tasación deberá considerar el valor inmediatamente anterior a cualquier anuncio oficial de expropiación. Asimismo, se refuerza la protección patrimonial al prohibir la transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización. El proyecto también amplía el concepto de «expropiación irregular» para aquellos casos donde restricciones estatales impidan el uso o goce sustancial de un bien.

En el plano judicial, la iniciativa propone reformar el Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los desalojos. Se habilita a los jueces a ordenar la entrega inmediata de un inmueble ante la «verosimilitud del derecho», especialmente contra intrusos u ocupantes precarios, o en casos de falta de pago y vencimiento de contrato.

Como contrapartida, se contempla un mecanismo de protección para grupos vulnerables. Si en el inmueble habitan menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez deberá intervenir a los organismos de protección y dar un plazo de diez días para buscar una solución habitacional transitoria antes del lanzamiento.

Por otro lado, se eleva a diez años de posesión pacífica y continua el requisito para acceder a los beneficios de la Ley de regularización dominial (24.374), un cambio que afecta tanto a viviendas urbanas como a la agricultura familiar.

En materia ambiental, el proyecto introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Aunque mantiene la prohibición de cambiar el uso de suelos de bosques nativos incendiados, deroga el artículo 22 quater, eliminando restricciones impuestas en reformas anteriores.

Finalmente, se impulsa una digitalización profunda de los registros inmobiliarios de todo el país, habilitando la firma electrónica y creando una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar trámites.

Mientras los defensores de la norma aseguran que estos cambios son vitales para fortalecer la seguridad jurídica en Argentina, sus detractores alertan que la rigidez de las nuevas normas podría obstaculizar políticas públicas de hábitat y reducir la capacidad de intervención del Estado en situaciones de interés social.

El debate final en el recinto definirá el futuro de un régimen de propiedad que busca un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los particulares.