Conclusión Buenos Aires
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó durante la tarde de este martes las reuniones en donde se investiga a los jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño en sus funciones. En esta oportunidad, y tras faltar a dos convocatorias, se presentó al encuentro en calidad de testigo el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, del Frente de Todos, había convocado para el martes pasado a las 13 a una reunión en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte en el fallo sobre la coparticipación, pero se resolvió postergarla para este martes a la misma hora debido a que complicaba la presencia de los diputados por el feriado del lunes 21.
Además de D’Alessandro, la comisión convocó a Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, y a Miguel Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Este último volvió a a ausentarse con justificación.
El ex ministro porteño es citado a raíz de las filtraciones de su teléfono personal que revelaron sospechosas conversaciones con el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, de las cuales surgieron indicios de una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte y el Gobierno porteño.
La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D’Alessandro y Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, consideró que esa comisión “está haciendo las cosas bien” y dijo que “no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad”, a la vez que señaló que Robles “hizo un papelón” semanas atrás al comparecer ante los legisladores.
En declaraciones a Diputados TV, Martínez puso de relieve además que “está claro que había una relación promiscua entre D’Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, que vino acá e hizo un papelón, le hizo un perjuicio enorme” al presidente de la Corte.
En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D’Alessandro, el oficialismo propuso que se lo cite para esta reunión “bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente” en caso de que hubiera un tercer rechazo. Pero como el exfuncionario porteño se hizo presente en la sala, este pedido quedará sin efecto.
Gaillard recordó que esa misma situación se había dado con Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades.
En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos”, se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió semanas atrás a la comisión pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y pidió que se lo sancionara.
D’Alessandro evitó responder si conoce a Robles
Interrogado por el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”.
El exfuncionario de Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura.
D’Alessandro evitó responder si conoce o no a Silvio Robles amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: “Sí, es Silvio Robles”.
Interrogado por la diputada Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”.
En la misma línea agregó que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”.
“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”.
D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”.
Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño.
En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.
Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es. Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio.
Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”.
Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”.
El diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Y aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía.
