En las últimas horas trascendió que el Gobierno Nacional planea publicar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que dará de baja a todos los contratos de personal realizados en el 2023 dentro del sector público.

Fuentes del Gobierno de Javier Milei dejaron trascender que el DNU –que llevaría la firma del secretario de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Gallo– se publicaría la semana que viene, después de Navidad.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la medida –que tiene como objeto contribuir al gasto público– comprendería las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023.

La idea ya había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el mensaje que emitió el martes 12 de diciembre, informó las primeras medidas económicas. En ese momento, el funcionario había adelantado: No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia”.

En sus considerandos, el borrador del DNU elimina una serie de decretos publicados desde el 2022 hasta la actualidad. Además, destaca que “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y se efectuó una reestructuración orgánica con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y del Decreto Nº 1109/2017 en virtud de las necesidades actuales de la Administración”.

El decreto indicaría que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional”.

“Establécese que las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas”, sentencia el borrador, que también indica que las contrataciones que se hayan arreglado antes del 1 de enero de 2023 “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa días corridos”.

Sin embargo, el proyecto aclara que hay algunas excepciones a esta medida, como las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte “indispensable” para el funcionamiento de la jurisdicción.

El decreto también instruiría a las autoridades competentes de cada jurisdicción a que, en los próximos tres meses realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente. En el caso de que las autoridades decidan renovar esos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación.