La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados resolvió este martes delegar la revisión definitiva del proyecto de Ley de Ética Pública en un grupo de legisladores que representen a todas las bancadas de la comisión, para poder avanzar «en un plazo razonablemente breve» con un dictamen consensuado.

La propuesta fue realizada por el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, que también se mostró confiado en poder tratar el tema «durante este año».

«Como el tema surgió del estudio parlamentario antes de ser presentado por el Poder Ejecutivo, la idea es analizarlo en un grupo de trabajo con un representante de cada bloque para ver si podemos conseguir un texto consensuado en un plazo razonablemente breve», dijo Tonelli.

El proyecto de Ley de Ética Pública, presentado en marzo por el Poder Ejecutivo, propone normas específicas y regulatorias sobre conflictos de intereses, contratación de familiares, publicidad de las declaraciones juradas y recibo de obsequios, entre otras cuestiones.

El texto incluye una cláusula antinepotismo (contra el nombramiento de familiares o amigos), mayor autonomía para la OA y restricciones para compras o contrataciones del Estado.

La iniciativa propone además la publicidad de la información del funcionario, del cónyuge y de sus hijos y extiende la obligación de informar a los directivos de los sindicatos, obras sociales y a los partidos políticos.

También se puso a consideración la iniciativa del propio Tonelli un nuevo régimen de renovación y cese de cargos por límite de edad de jueces y fiscales nacionales.

Concretamente, contempla sendos procedimientos para la renovación o cese por límite de edad de los miembros de la Corte, los jueces federales, el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación y los fiscales.

Más allá de las explicaciones de Tonelli, otros oficialistas como Juan Manuel López y Paula Olivetto -de Coalición Cívica- y opositores como Emilia Soria (FPV) coincidieron en la necesidad de contar con más elementos para avanzar con el tema.

Ante esas dudas, se acordó solicitarle al Consejo de la Magistratura que envíe a la comisión un informe sobre los casos de los magistrados que llegaron a los 75 años de edad en los últimos años y cuáles son sus situaciones laborales.