Diputados debate el Régimen Penal Juvenil que quiere bajar la edad de punibilidad a los 14 años

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se expresó a favor de la iniciativa, pero criticó a Patricia Bullrich -sin nombrarla- y descree que el Gobierno nacional vaya a asignar las partidas presupuestarias correspondientes que el artículo 51 establece para la adecuación de establecimientos de detención.

“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, cargó el legislador. Se refirió al crimen de Jeremías Monzón y recordó que se empezó a discutir en 1998 por impulso del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, a quien consideró “un hombre que conocía bien el conurbano”.

Sobre este debate, particularmente, lo catalogó como “una medida de impacto en realidades que ocurren en una sociedad rota, en decadencia y donde se ha perdido el valor de la escuela pública y la familia como elemento de contención que son parte de la incorporación de jóvenes al delito”. Sin embargo, señaló que “tomando los porcentajes no es tan alto porque no llega al 2%”.

Durante el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, fundamentó la necesidad de establecer penas para menores de entre 14 y 16 años que cometan delitos graves con dolo. El legislador criticó las posturas que calificó de «garantismo y abolicionismo», sosteniendo que el Estado debe dejar de «hacer la vista gorda» y dar una respuesta efectiva tanto a las víctimas como a la sociedad.

Santurio vinculó la situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes a décadas de gestiones anteriores, pero destacó que la actual administración prioriza la alfabetización y la seguridad a través de medidas como la Ley Antimafia y el «Plan Bandera» aplicado en Rosario. «Este régimen no es la solución definitiva, pero es una respuesta importante y fundamental», afirmó el diputado, subrayando que la punición busca que el menor comprenda que debe responder por sus actos antes de que su situación se agrave al alcanzar la mayoría de edad.

En una jornada marcada por el rechazo a la reforma laboral y al proyecto de baja de la edad de punibilidad a 14 años, la diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Romina Del Plá, calificó el debate parlamentario como una «gran farsa». Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora denunció que estas medidas no buscan resolver la inseguridad, sino «criminalizar a la juventud» en un contexto de «ajuste brutal» y desfinanciamiento de las políticas de protección integral de las niñeces.

Del Plá advirtió que el endurecimiento de las penas para menores de 16 años no tiene asidero en estadísticas de reinserción y que, por el contrario, fomenta la reincidencia. Según la diputada, el Estado se desentiende de las causas de la criminalidad organizada mientras «las grandes bandas del delito están protegidas por la policía, la justicia y este régimen político».

«Lo único que van a conseguir bajando la edad de punibilidad es que las bandas de narcos vayan a buscar como ‘soldaditos’ a los pibes de 10, 11 y 12 años», sentenció Del Plá, enfatizando que la verdadera solución reside en la formación y en el cumplimiento de los presupuestos de salud y educación que actualmente sufren recortes significativos.

La diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT-U), Myriam Bregman, manifestó su enérgico rechazo al proyecto oficialista para bajar la edad de punibilidad, denunciando que la iniciativa busca profundizar el «control social» y la criminalización de la juventud en un contexto de ajuste. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora cuestionó la «demagogia punitiva» y señaló que el proyecto llega a contrapelo de la realidad que viven las infancias, comparando la medida con la represiva Ley Agote de 1919.

Bregman subrayó la contradicción del discurso gubernamental sobre el gasto público al afirmar: “El gobierno de ‘no hay plata’ tiene plata para la persecución penal de los pibes, pibas y adolescentes. Para eso hay plata. No hay plata para atender una situación muy crítica de salud mental, ni qué hablar del deporte o el ocio”.

En su discurso, la diputada también vinculó este avance penal con la reciente reforma laboral, asegurando que estas políticas en conjunto degradan las condiciones de vida de las familias trabajadoras y exponen a los menores a mayores riesgos sociales. Finalmente, denunció que la «criminalización efectiva» siempre recae sobre los sectores populares, mientras se protegen los «crímenes del poder».

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, María Inés Zigarán (Provincias Unidas) expresó su preocupación por la celeridad con la que se buscó dictaminar el nuevo Régimen Penal Juvenil, señalando que se desaprovecharon los aportes de los nuevos legisladores en un tema de «enorme complejidad». La legisladora destacó el consenso sobre la necesidad de reemplazar la normativa actual de la dictadura militar, pero criticó la falta de sensibilidad social en el debate actual.

En su intervención, Zigarán fue tajante al señalar que el endurecimiento de las penas no ataca la raíz del problema. «Este proyecto no resuelve la conflictividad de los niños, niñas y adolescentes con la ley penal; lo único que resuelve la reducción de la tasa de conflicto es el establecimiento de políticas públicas sociales, educativas, sanitarias y de seguridad», afirmó, denunciando a su vez el desfinanciamiento de dichas áreas en el último presupuesto.

La diputada argumentó que el delito es «multicausal» y está íntimamente ligado a la pobreza y la falta de oportunidades. Por ello, desde su bloque impulsaron un dictamen de minoría que propone, entre otros puntos, un máximo de pena de 10 años, la prohibición de que menores cumplan condenas en cárceles comunes al cumplir los 18 años y la obligatoriedad de contar con centros especializados antes de aplicar medidas de privación de la libertad. Finalmente, instó al Congreso a avanzar en leyes complementarias que garanticen los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y las directrices de Naciones Unidas.

En el marco del debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil, el diputado nacional de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, defendió la postura del Frente Renovador de establecer la edad de imputabilidad en los 14 años. El legislador aclaró que su propuesta no se limita a una baja en la edad, sino que busca la construcción de un «régimen integral» que reemplace la normativa vigente, la cual calificó como una «omisión» proveniente de la última dictadura militar.

Gutiérrez destacó que el proyecto de su espacio incluye 16 medidas cautelares para que los jueces puedan actuar desde el inicio del proceso, incluyendo la anulación de perfiles en redes sociales en casos de acoso y el decomiso de bienes familiares en incidentes viales graves. Además, propuso la implementación de la figura del arrepentido para jóvenes utilizados por organizaciones criminales, permitiendo al fiscal apartar la responsabilidad penal si el menor aporta información relevante.

Finalmente, el diputado advirtió sobre un «vicio estructural» en la discusión actual: la falta de una «segunda ley» que garantice el financiamiento y programas de prevención para evitar que los jóvenes lleguen a las instancias judiciales. En su cierre, instó a modificar directamente el Código Penal (artículo 34) para evitar que la ley sea «judicializada» y se convierta en una herramienta de «cumplimiento imposible» por errores en su técnica legislativa.

«La especialización no es impunidad, es tener un sistema adecuado», afirmó el diputado santafesino de Provincias Unidas al defender un régimen diferenciado del de adultos y cuestionar el recorte de fondos nacionales para políticas de niñez.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador santafesino Pablo Farías (Provincias Unidas) se manifestó a favor de establecer los 14 años como la edad de inicio de la imputabilidad penal en Argentina, señalando que existe un «consenso internacional» y regional que respalda esta medida para salir de la legislación vigente, a la cual calificó de tener un «pecado de origen» por haber sido sancionada fuera de la democracia.

Sin embargo, el exministro santafesino marcó claras distancias con el proyecto de mayoría en puntos críticos. Farías enfatizó que la baja de la edad debe ir acompañada obligatoriamente de un sistema de especialización en el proceso y en las sanciones, que contemple las etapas evolutivas de los adolescentes. En ese sentido, detalló que su bloque propone un límite de 10 años para las penas, diferenciándose de los 15 años que plantea el dictamen de la mayoría, y abogó por procesos rápidos con plazos máximos de 180 días para evitar la dilatación de las causas.

El punto más álgido de su discurso estuvo centrado en el rol del Estado Nacional. Farías denunció que el financiamiento previsto es «absolutamente escaso y exiguo» y criticó duramente la gestión del Gobierno en materia de niñez. «Si no estamos invirtiendo en lo preventivo nada, permítanos dudar de que el Estado Nacional se comprometa realmente a invertir en esta fase de responsabilidad», sentenció el diputado, tras advertir que el recorte de convenios e instituciones en los últimos dos años desfinancia cualquier posibilidad de políticas preventivas efectivas.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó su firme rechazo al dictamen de mayoría sobre la reforma del régimen penal juvenil durante su intervención en la Cámara de Diputados. El legislador advirtió que centrar la discusión exclusivamente en la edad de imputabilidad genera un «vacío de acción de política pública» que desatiende la situación de los niños y adolescentes no punibles y prioriza una respuesta punitiva por sobre un abordaje integral.

Durante su discurso, Martínez denunció que el proyecto oficialista carece de un enfoque preventivo, omitiendo el rol fundamental de la educación, los clubes de barrio y la inclusión social en la comunidad. Asimismo, calificó de «tramposo» el esquema presupuestario planteado en el dictamen, señalando que el texto no garantiza el financiamiento nacional necesario para que las provincias puedan implementar los dispositivos de contención y prevención requeridos.

El diputado también destacó que importantes organizaciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Pastoral Social manifestaron sus advertencias contra la propuesta, las cuales, según afirmó, fueron desoídas por el oficialismo.

Finalmente, Martínez criticó duramente lo que denominó el «carancheo» político ante hechos de inseguridad de gran resonancia, instando a abandonar la utilización de las víctimas para obtener rédito partidario. «Venimos a transmitir una sensibilidad que le queremos poner a este debate; no al carancheo, sí al debate profundo«, concluyó al ratificar el voto en contra de su bloque.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo para bajar la edad de imputabilidad, calificándolo como un «mamarracho jurídico» que se aleja de los estándares constitucionales. La diputada advirtió que el endurecimiento de las penas no resuelve la conflictividad adolescente y denunció que la iniciativa busca dar una respuesta de «cárcel y bala» a niños sumergidos en la extrema vulnerabilidad.

Tolosa Paz defendió el dictamen de su bloque, que propone mantener la punibilidad entre los 16 y 18 años con un sistema especializado, destacando que «los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico» y que el contacto prematuro con el sistema penal perjudica su reinserción. Asimismo, cuestionó la falta de inversión en políticas de infancia, señalando que mientras se promueven más cárceles, el Gobierno desmantela estructuras de salud y educación pública.

«La Argentina necesita un sistema que aborde el conflicto adolescente con justicia restaurativa y un Estado que no mire para otro lado», sentenció la diputada, quien concluyó exigiendo «más inversión en servicios locales, más clubes, más escuelas y menos leyes de marketing que no transforman la vida de nadie».

En el marco del debate parlamentario por la reforma del sistema de minoridad, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) defendió el dictamen de mayoría que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, argumentando que la ley vigente de 1980 es «ineficiente» y no cumple con estándares internacionales de resocialización. Durante su exposición, la legisladora sostuvo que el nuevo régimen penal juvenil busca terminar con la «impunidad» y brindar respuestas tanto a las víctimas como a los jóvenes en conflicto con la ley, estableciendo que la privación de la libertad sea la «última ratio» o recurso final frente a otras nueve sanciones alternativas.

«No amontonamos menores en establecimientos, lo que vamos a hacer es darles un tratamiento para que la función final sea resocializar«, afirmó Rodríguez Machado, resaltando que el proyecto incluye la creación de figuras como el supervisor o adulto responsable y la separación estricta de los menores según el tipo de delito cometido. Además, la diputada enfatizó que la reforma es un «paso adelante» para la Argentina al reemplazar una normativa de un «momento oscuro» por un sistema que garantiza el debido proceso y la capacitación de los jóvenes.