Documentos desclasificados la dictadura: ¿qué controles habrá en el traspaso de información al Archivo General?
El Gobierno nacional dijo que los archivos de la última dictadura cívico militar serán trasladados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) al Archivo General de la Nación. El anuncio generó algunas inquietudes sobre las auditorías y garantías que tendrá este proceso.
El gobierno de Javier Milei informó días atrás que desclasificará todos los archivos que estén vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas y organizaciones políticas entre 1976 y 1983, período en el que tuvo lugar la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el anuncio fue algo confuso ya que estos documentos dejaron de ser confidenciales en 2010. Además, hay ciertas inquietudes sobre cómo será el traspaso de información de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) al Archivo General de la Nación -medida también comunicada oficialmente- y cómo se controlará este proceso.
Para echar algo de luz al tema, Conclusión habló con el fiscal federal Adolfo Villate -encargado de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de Rosario-; con la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -organismo que ahora recibe el nombre de Side- Cristina Caamaño; y con el ex director de la AFI y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Los entrevistados coincidieron en que los archivos ya estaban desclasificados dese hace quince años. En tanto, se especula que el traspaso de estos documentos de la Side al Archivo General de la Nación podría servir para que el uso de esta información deje de estar limitada a delitos de lesa humanidad y pueda utilizarse en la investigación de otros crímenes, como los que cometieron organizaciones político-militares durante los 70’s, en las que murieron integrantes de las Fuerzas Armadas.
¿Qué son los archivos y para qué se usan?
El fiscal Villate detalló: “Durante la dictadura militar la Side realizaba investigaciones que quedaban plasmadas en documentos que consultamos permanentemente. A lo largo de los distintos gobiernos hemos tenido diferentes respuestas en cuanto a la profundidad de la información que nos han brindado y la celeridad de la respuesta. Hay veces que notamos algún tipo de reticencia, puntualmente ahora demoran bastante en responder y en algún caso no nos han contestado”.
“Para nosotros estos archivos son centrales, porque hablamos de hechos que sucedieron hace, en algunos casos, cincuenta años. Tenemos hecho un protocolo de investigación bajo el cual consultamos cerca de 45 bases de datos para ver si hay información sobre los hechos en los que estamos trabajando. Es una fuente de información muy importante, aunque sabemos que muchas veces estos registros no son del todo fidedignos. Hemos encontrado que hay hechos que se informan como enfrentamientos y en juicios comprobamos que eran fusilamiento de personas que ya estaban detenidas con anterioridad. Contar con los archivos y que estén disponibles es fundamental, además pedimos permanentemente esta información”, completó el fiscal.
Por su parte, la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, manifestó: “Cuando asumí, en 2019, pusimos gente a contestar los oficios judiciales, que casi no se respondían, y entregamos a los organismos de Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo todo lo que había sobre el espionaje ilegal a ellas durante la dictadura”.
Y completó: “La desclasificación de documentos ya está dada desde mi gestión, la ordenó el ex presidente Alberto Fernández y estaba todo a disposición de quien lo pedía, lo que pasa es que ahora no los entregan más, no cumplen y salen a decir que desclasifican ellos”.
Un anuncio poco novedoso
El decreto Nº 4/2010, firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le quitó la clasificación de seguridad a “toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre 1976 y 1983”. Es decir, los documentos de la última dictadura ya estaban desclasificados y quienes estaban involucrados en causas de lesa humanidad podía acceder a ellos mediante la presentación de oficios.
“A quienes investigamos causas de lesa humanidad no se nos puede oponer la clasificación de la información, eso fue establecido por el decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Después salió una ley que establecía que las excepciones que había para el acceso a la información pública no le eran aplicables a investigaciones por delitos de lesa humanidad, a eso lo modificó este Gobierno mediante un decreto reglamentario, extendiéndolo a otras investigaciones”, dijo Villate.
Y observó: “La desclasificación de archivos estaba circunscripta a causas de lesa humanidad, pero entiendo que ahora los van a abrir a cualquier tipo de delitos, con el objetivo de que se puedan investigar otros hechos, como los que tuvieron como víctimas a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Esa sería la novedad, aunque en definitiva no conocemos todavía el contenido de esta decisión”.
Qué se sabe del traspaso de la Side al Archivo General de la Nación
El ex director de la AFI, Agustín Rossi, dijo que nada cambia con el traspaso de documentos de la Side al Archivo General de la Nación, aunque pidió que el proceso cuente con una auditoría externa para que sea transparente.
“Habría que hacer una auditoría externa sobre ese traslado, para controlar que se traspase todo y evitar que se pierdan documentos y haya tergiversación. No creo que el Gobierno tenga buenas intenciones, porque busca que los crímenes que cometieron las organizaciones político-militares que existían en la década de los 70’s, los cuales fueron aberrantes y los condenamos, sean considerados de lesa humanidad”, apuntó Rossi.
Y añadió: “Pido que convoquen a organismos de Derechos Humanos y a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado antes de hacer el traspaso para ver todo lo que hay”.
Villate, por su parte, indicó: “La garantía debería ser que a esto lo hace el Gobierno nacional y, por la seriedad que debe envestir, no deberíamos sospechar que se va a remitir parte de la documentación y otra parte no en conformidad con un sesgo ideológico. Dicho esto, uno no puede saber cómo va a actuar el Gobierno. También sería bueno que, ya que toman esta decisión, traspasen los archivos del Ministerio de Defensa o de Seguridad de la Nación, que nos brindaron una gran cantidad de elementos de prueba cuando se analizaron concienzudamente”.
¿Puede el Estado decir que un delito es de lesa humanidad?
Además de anunciar la desclasificación y el traspaso de documentos de la Side al Archivo General de la Nación, el gobierno de Milei adelantó que pedirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que el crimen del capitán Humberto Viola y su hija de tres años -cometido en 1974 por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)- se declare un crimen de lesa humanidad.
En este sentido, Villate apuntó: “No le corresponde al Poder Ejecutivo decidir si un crimen es de lesa humanidad, sino que esto es tarea de los tribunales”.
Y explicó: “Una de las características y requisitos que tienen los delitos de lesa humanidad es que se hayan cometido con la complicidad o asistencia del Estado, y en estos casos esa situación no se dio. En distintos expedientes se ha pretendido invocar que hubo colaboración de Estados extranjeros, pero, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, considero que estos delitos no son de lesa humanidad”.
Rossi también se amparó en la jurisprudencia internacional y manifestó: “El único que comete delitos de lesa humanidad es el Estado. Cuando el crimen es realizado por un civil, tiene que juzgarse ese delito por el Código Penal del país correspondiente”.
El ex ministro también recordó que el crimen de Viola y su hija fue juzgado en 1979 y hubo cinco condenados. “Desde el Gobierno no dicen que durante la gestión de Alfonsín algunos de los jefes de las organizaciones fueron juzgados y sentenciados y otros, como (el líder Montonero, Mario) Firmenich, fueron indultados por Menem. Buscan que los delitos de las organizaciones político-militares sean considerados de lesa humanidad y refieren que sus cuadros recibieron instrucción en Cuba. Es decir, intentan meter a otro Estado para calificarlos como delitos de lesa humanidad y que sean imprescriptibles. Para mí esto es lo que están buscando, porque los documentos secretos o confidenciales que se generaron durante la dictadura estaban ya todos desclasificados”, analizó.
Las políticas públicas detrás de los archivos
Rossi, en tanto, recordó que cuando estuvo a cargo del Ministerio de Defensa (entre 2013-2015 y 2019-2021) creó una Dirección de Derechos Humanos para “clasificar, ordenar, preservar y cuidar” la documentación, porque si bien algunos archivos estaban en buen estado, otros se habían deteriorado. Además, precisó que algunos de estos registros están escritos a mano y otros mecanografiados.
“En 2014 encontramos en el segundo subsuelo del Edificio Cóndor -la sede del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina- 280 actas secretas que reflejan las reuniones que celebró la Junta Militar entre 1976 y 1983. Hicimos un trabajo de impresión, encuadernación y copias y las mandamos a los organismos de Derechos Humanos, bibliotecas y universidades públicas”, recordó Rossi.
“En la AFI la interventora Caamaño hizo exactamente lo mismo. Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández (en diciembre de 2019) empezó a ordenar y preservar todo el archivo”, añadió Rossi, quien también recordó que cuando estuvo en funciones recibía periódicamente oficios judiciales que pedían esta información, al tiempo que aseguró que “la búsqueda de archivos no terminó”.
Caamaño recordó que en el 2021 encontraron en el sótano de la AFI más de 250.000 microfilm, que contenían fichas y legajos de las víctimas de la dictadura. Ante este hallazgo, se conformó una mesa de trabajo con organismos de Derechos Humanos para relevar la información.
“Teníamos convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar estos documentos, pero el gobierno de Milei cerró este organismo, así que supongo que eso no continúo. Es un trabajo que habíamos dicho que iba a llevar entre 8 y 10 años”, señaló la ex fiscal.
Villate, por su parte, no descartó que haya archivos aún ocultos en los diferentes organismos públicos y recordó: “Había equipos de relevamiento de documentación en cada uno de los ministerios. Estos legajos nos dieron una gran cantidad de información, pero esos equipos se han disuelto y no tenemos quién analice esta documentación para acceder a esa prueba, con todo lo que implica”.
En la misma sintonía, Rossi agregó: “Cuando el ministro Luis Petri disolvió los equipos de investigación del Ministerio de Defensa argumentó que intervenían autoritariamente en distintas áreas de las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que hicieron un trabajo enorme. A veces teníamos que insistir cuatro o cinco veces para que se entregue la documentación”.