Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentado esta semana arroja que apenas 4 de cada 10 personas ocupadas en relación de dependencia o cuentapropistas gozan de poseer empleos plenos de derechos laborales y sociales. El porcentaje representa al 41,4% de todo el país, lo que significa que sobre 17 millones de ocupados, solo 7 millones se desempeñan en trabajos plenos de derecho. El resto, 10 millones, tienen empleos o subempleos precarios e inestables, a lo que se agrega poco más de 1,5 millón de desocupados.
El informe indica que de los asalariados, un tercio se encuentra en el mercado informal, mientras entre los que trabajan por cuenta propia, 7 de cada 10 no realizan aportes jubilatorios. El indicador de pobreza trepó al 32,9%, destacándose «por su persistencia a pesar del continuado aumento de los programas sociales de transferencia de ingresos». En tanto, la ausencia de aportes condiciona el acceso a la cobertura de salud. “Así, 3 de cada 10 trabajadores deben recurrir para su asistencia médica a los servicios brindados por el sistema público”.
Estos datos forman parte del informe presentado periódicamente por el Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA, que en su extensa composición analiza, entre otros temas, indicadores de pobreza y precariedad laboral. Este informe es muy crítico sobre los últimos 6 años en lo que refiere a la informalidad del empleo, que aumenta sucesivamente.
El informe, en otro tramo, señala que “en líneas generales, los ingresos reales medios se muestran por debajo del costo de vida durante todo el período. En forma similar ha evolucionado la retribución laboral horaria, lo cual implica que los trabajadores no pudieron incrementar la cantidad de horas trabajadas para obtener un salario mensual más elevado”. Respecto al último año, observa un deterioro social. Niega que exista una destrucción masiva de empleo o un retroceso grande en términos de salario real aunque sí reconoce que «tuvo lugar una mayor subocupación e inestabilidad laboral, junto a una mayor precarización del trabajo informal, así como de pérdida de ingresos reales”. Como consecuencia, “esto condujo a un aumento de la indigencia y de la pobreza, sobre todo en el primer semestre del año, siguiendo a esto una leve recuperación, quizás todavía muy lenta y de alcance limitado frente a las acumuladas demandas sociales”.
Por último, el documento consigna que “si bien la infraestructura social no dejó de mejorar durante estos años gracias a la obra pública, sin embargo por la corrupción y otros aspectos adversos, el hábitat urbano así como los servicios de educación, salud y justicia siguen reproduciendo desigualdades, conflictividades y desprotecciones sociales, dejando a no menos del 15% de los hogares urbanos en situación de extrema exclusión”.
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