La segunda corte del circuito de apelaciones de Nueva York ratificó un fallo de 2013, que obliga a los bancos y a Argentina a cumplir con citaciones judiciales y pedidos de información hechos por holdouts que demandaron al país para obtener el pago completo de deudas incumplidas en 2002.

Los buitres son acreedores que se negaron a aceptar los términos de las reestructuraciones de deuda argentina del 2005 y 2010, en la que se canjeó alrededor del 92% de los bonos incumplidos por nuevas obligaciones.

Si bien el tribunal confirmó la decisión del juez de distrito Thomas Griesa, el panel de tres jueces destacó“que Argentina -como todos los extranjeros soberanos- tiene derecho a un grado de gracia y cortesía”.

Bajo el argumento de que esas preocupaciones eran de “un peso particular” cuando se trata de asuntos diplomáticos y soberanos de un país, el tribunal instó a Griesa a priorizar la elaboración de documentos“que improbablemente resulten en una invasión a la dignidad soberana”.

Ningún abogado estadounidense de Argentina, ni un representante de los tenedores de bonos, o de Elliott Management NML Capital Ltd, respondieron a los pedidos de comentarios.

Argentina se negó en julio a cumplir el fallo de Griesa de pagarles u$s 1.330 millones más intereses a algunos holdouts encabezados por los fondos NML Capital y Aurelius Capital Management al mismo tiempo que honraba los compromisos con los bonistas que sí participaron en los canjes. Griesa declaró a Argentina en desacato en septiembre.

Argentina aseguró que no puede pagar a los buitres hasta que expire el 31 de diciembre una cláusula que le impide pagarles en mejores condiciones a las que pactó con los acreedores que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

La apelación sobre la que falló el martes la segunda corte de circuito se refería a una orden que obliga a Argentina y a 29 bancos a cumplir con las citaciones y solicitudes de información por parte de los holdouts, encaminadas a encontrar activos fuera del país para cumplir con los juicios pendientes de pago.

Argentina sostuvo que la orden permitiría hacer un inventario de los recursos militares y diplomáticos que están protegidos contra embargo por leyes estadounidenses y diversos tratados.

Pero la segunda corte de circuito dijo que en la medida que los pedidos de información alcancen propiedad diplomática o consular que gozan de inmunidad, Argentina podría objetar cuando los tenedores de bonos pretendan ejecutar dichas propiedades.

Argentina también puede presentar algunas otras objeciones respecto a la elaboración de los documentos a Griesa por motivos de privilegio y de tratados, dijo el tribunal de apelaciones.