Trece acreedores argentinos que ganaron una causa judicial contra el Estado argentino, conocida como «pari passu» en 2014, pidieron a una corte de apelaciones de EEUU que impida al juez Thomas Griesa retirar la medida cautelar que frena el pago de la deuda reestructurada a través de los canjes de 2005 y 2010, que habilitó a la Argentina a salir del default técnico.
Los miembros del fondo buitre local, nucleados en la Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación (Adapd), habían comprado bonos de la deuda pública antes del estallido de la convertibilidad, es decir, antes de la declaración del defaul y no después, como si lo hicieron los buitre extranjero.
El anticipo lo dio a conocer, Horacio Vázquez, directivo de la asociación, quien señaló que «el Gobierno está planteando una propuesta sin haber hablado con los que tenían que entrar».
Mike Spencer, es el nombre del patrocinante legal que representa en EE.UU. que presentó reclamo por títulos en default de U$S 832 millones. Pocisión asumida con énfasis por el Grupo Varela, que obtuvo fallo favorable con la cláusula pari passu, sin embargo, estos acreedores esperabann cobrar 1.125 millones de dólares en bonos.
Spencer se quejó en ese mensaje de haber sido discriminado por el mediador designado por Griesa, Dan Pollack, en las negociaciones desarrolladas en Nueva York entre el Gobierno y los inversores.
El juez estadounidense había manifestado su predisposición de levantar el embargo que impide a Argentina pagar a los acreedores que sí entraron en los canjes de 2005 y 2010, impulsados por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
El abogado estadounidense, acusó al mediador designado por Griesa para destrabar el conflicto, Daniel Pollack, de querer concentrar toda la negociación «con los fondos de inversión más grandes» para «obligar a muchos otros bonistas en default a aceptar la oferta unilateral de la Argentina antes de que expire el plazo del 29 de febrero».
El letrado, que se identifica «como consejero del mayor grupo de bonistas individuales», afirma que intentó «repetidamente en las últimas semanas» participar «directamente en la mesa que buscaba el acuerdo», pero fue «excluido por Pollack».
En Argentina, Horacio Vázquez, denunció que Griesa, borró con el codo lo que firmó con la mano, y deslizó mordazmente en su comentario «queda claro que para un argentino no hay nada peor que otro argentino», señaló.
El Gobierno había propuesto pagar 6.500 millones de dólares al 7,6 por ciento de los acreedores originales que no ingresaron en los canjes.
Solo dos fondos aceptaron esta oferta, aunque el fondo de inversión Aurelius, uno de los cuatro más importantes que rechazaron la propuesta, ha sugerido que quiere retomar las conversaciones después de que se conocieron las intenciones de Buenos Aires de retirar la apelación al fallo de Griesa.
Según el bonista, «es ridículo que la Argentina no quiera arreglar con los bonistas particulares, que todavía tienen deudas por US$ 2500 millones; eso llevará a que siga en default y con riesgos de embargo, aunque no existan las medidas cautelares».
Pero Vázquez cree que la cuestión de fondo no cambiará. «Todo sigue igual que antes, porque la Argentina permanece en default y, al no pagar US$ 2500 millones, seguirá pagando tasas de interés más altas que sus vecinos».
Urtubey propicia la derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, garantizó hoy los votos para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que habilitan el acuerdo con los fondos buitre, por entender que el país necesita «salir adelante» y «reinsertarse en el mundo» «Creo que la Argentina necesita salir adelante», consideró el mandatario provincial, quien evaluó: «La Argentina tiene que reinsertarse en el mundo y volver al mercado de capitales, hay que solucionar el tema de los holdouts».
En diálogo con Cadena 3, subrayó: «Nosotros, junto con otros sectores le vamos a garantizar al Gobierno la posibilidad de sancionar estas leyes». Es que el juez Thomas Griesa hizo lugar a un pedido del Gobierno y levantó las restricciones impuestas al país, pero condicionó esa decisión a que se deroguen las leyes de Pago Soberano y Cerrojo, que impiden el acuerdo con fondos buitre. Por ello, ahora, toda la mirada está puesta en el Congreso, por lo cual el oficialismo confía en obtener los votos necesarios para cumplir con el requisito impuesto por Griesa. Para el gobernador, las leyes «no son para Macri o para el Gobierno, son leyes para la Argentina».
