Caputo anunció que se instalará un nuevo puerto en Santa Fe, con una inversión de US$ 277 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la aprobación oficial para la construcción de un nuevo puerto en la localidad de Timbúes, en la provincia Santa Fe, sobre el río Paraná. Si bien no brindó mayores detalles, el funcionario indicó que el proyecto fue presentado al Gobierno nacional en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el año pasado por el Congreso.

El plan prevé una inversión de US$ 277 millones y proyecta almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, según explico Caputo en su posteo en X. El ministro informó la decisión del Comité Evaluador a través en redes sociales.

A la vez, indicó que la instalación de la nueva terminal va a permitir fortalecer «la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina», como canal de salida al mar de las exportaciones del país. Actualmente, en el Gran Rosario -en 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná que van desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco- se encuentran localizadas un total de veintinueve terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas.

Cuatro de ellos son públicos, aunque están concesionados, y el más importante es el de la ciudad de Rosario, dedicada fundamentalmente a la carga en contendedores. El conjunto del sistema de terminales portuarias de la zona explica alrededor del 70 por ciento de los envíos de productos argentinos al exterior.

Caputo aseguró que con este proyecto, las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI suman US$ 24.800 millones. La cifra comunicada por el ministro no coincide con la recopilación de los datos oficiales, que al momento dan un total aproximado de US$ 16.000 millones.

En total hay otros 20 proyectos presentados por unos US$ 34.000 millones. El RIGI fue aprobado en julio de 2024 tiene vigencia por dos años (hasta 2026) prorrogable a uno más, hasta julio del 2027.

El programa establece un paquete articulado de beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años, destinado a proyectos de inversión nacionales o extranjeros superiores a US$ 200 millones en diferentes sectores productivos como infraestructura, minería, foresto-industria, turismo, tecnología, siderurgia, energía e hidrocarburos.