Por Aldo Battissaco
Luego de liberalizar las tarifas en el campo energético, el Gobierno de Mauricio Macri recibió fuertes cuestionamientos por parte de lo consumidores de energía, los gobiernos de las provincias que no producen el fluido hicieron escuchar sus quejas, sin embargo nada inmuta a Juan José Aranguren ni al propio presidente. Se muestran renuentes a considerar los efectos en la producción y en los ciudadanos.
El año 1992 el sistema eléctrico argentino sufrió una profunda reforma, modificando su condición centralizada, regulada y de propiedad estatal a un sistema liberalizado que evitó la integración vertical, pero regulando las áreas en las que fuera necesario establecer monopolios naturales. Por aquel entonces las tendencias internacionales alentaban una desregulación del sector argumentando que esta decisión facilitaría abastecer eficientemente la demanda. Así, el Estado pasó de ser propietario a ser regulador y fiscalizador del sistema.
Este objetivo, se materializó mediante la Ley Nº 24.065 del 1 de Enero de 1992 y el Reglamento de la Ley Nº 24.065 del 6 de Agosto de 1992, que reguló el sistema desde la jurisdicción nacional.
Por la organización federal de Argentina cada provincia es autónoma “para definir los términos bajo los cuales concesionan la prestación del servicio eléctrico dentro de su territorio (por medio de marcos regulatorios propios), a esto, se le sumó una privatización de las empresas que operaban el sector».
Esta nueva legalidad constituyó los nuevos actores del sector en cuatro categorías:
a) Generadores: son los titulares de una central eléctrica adquirida o instalada o con carácter de concesionarios de servicios de explotación, colocan su producción de energía en forma total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución sujeto a jurisdicción nacional, pudiendo celebrar contratos en forma directa con distribuidores y grandes usuarios.
b) Transportistas: son los responsables de la transmisión y transformación a ésta, vinculada desde el punto de entrega de dicha energía por el generador, hasta el punto de recepción por el distribuidor o gran usuario, según sea el caso. Pero se le prohibió la compra/venta de energía eléctrica.
c) Distribuidores: Se consideran tales, aquellos prestadores dentro de su zona de concesión es responsable de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente. En el caso de Santa Fe, es la provincia quien realiza esta actividad.
d) Grandes Usuarios: se trata de consumidores que tienen la facultad de contratar en forma independiente y para consumo propio su abastecimiento de energía, ya sea con un generador o con un distribuidor.
Para evitar el traslado directo a tarifas de los costos que antes establecían en el mercado estos actores, el gobierno saliente decidió subsidiar el precio de la energía e impidió el traslado a los consumidores sin modificar la vieja estructura privatizada heredada de los 90.
La provincia de Santa Fe no es generadora de energía, se limita a comprarla en el mercado mayorista y distribuirla. Quien decidió anular los subsidios – que en 2014 llegaron a 140.000 millones de pesos – fue el Gobierno de la Alianza Cambiemos (UCR-PRO). La falta de gradualidad por parte de la cartera de Aranguren impacto fuertemente en la tarifa de los consumidores.
Alberto Botto, secretario General de Luz y Fuerza
Para entender la dimensión de este impacto en la estructura de la EPE, Conclusión, dialogó con Alberto Botto, quien es secretario general del gremio de Luz y Fuerza de Rosario.
Consultado acerca de las consecuencias en la población de la quita de subsidios el sindicalista precisó que “el presupuesto que aprobó la legislatura provincial para 2016 prevé erogaciones para compra de energía por 1.147 millones de pesos, y representa cerca del 16% del presupuesto total, Sin embargo, luego de la decisión del gobierno de Macri de generar este feroz tarifazo, las previsiones del consumo generará una erogacion de 4.800 millones de pesos”.
Ante esta realidad, el representante los trabajadores, estimó que “con estas reglas de juego, inconsultas y desaforadas, impedirán a la EPE absorber los aumentos, haciendo peligrar el plan de obras para este año que estipulaba una inversión de 770 millones de pesos, es decir la quinta parte de lo que tendrá que pagar la provincia a su proveedor”.
En el mismo sentido, el dirigente lucifuercista, evaluó como “negativa esta imposición de la cartera de Energía que conduce Juan José Aranguren” y deduce que “es difícil que existan recursos presupuestarios que se puedan disponer para absorber la quita de subsidios por parte del Estado santafesino”.
Por otra parte, Botto, especificó que “esta modificación sustancial que introdujo el tarifazo anunciado por Aranguren, con la aprobación de Macri, puede amenazar la operatividad de la empresa, porque las tarifa final está compuesta por el costo de compra de la energía y el valor agregado de distribución (que contempla el trabajo de los operarios de la EPE), más los impuestos”.
Preguntado por Conclusión, si la amenaza de paralización de obras impactará en la planificación anual de ejecución afectando la labor de los trabajadores y la calidad de vida de los usuarios, el sindicalista detalló que “el mantenimiento del servicio, impone la utilización de camiones, utilitarios menores, grúas, combustible, y materiales como aislantes, cables, transformadores, la ropa de los trabajadores, herramientas, equipos electrógenos y hasta subestaciones móviles”.
Para el gremialista, “las obras de mantenimiento, ampliación y expansión que acompaña la producción de riqueza y el crecimiento demográfico por medio de la red de baja, media y alta tensión, son necesarias para dar respuesta a la demanda que por ejemplo en el último verano superó 4 veces el récord histórico, si se mide febrero respecto de igual mes del año pasado el consumo aumentó con un equivalente a lo que demanda la mitad de Rosario”.
“La clave para entender el problema en el que nos sumió la liberalización de la tarifa – dice Botto- es saber a cuantos usuarios y a que costo se da el servicio, porque no es igual en todo el país. La EPE, tiene 11 usuarios por kilómetro cuadrado, pero Edenor y Edesur tienen 600, imaginemos que una obra para llegar a Céres o a Tostado insume 30 millones de dólares para trasladar solo 7 megavatios, y este consumo equivale a 4 manzanas del centro porteño, que también hay que mantener con materiales y horas hombre”.
Además, resaltó el dirigente que si “se apelará al criterio de lucro que inspira a un prestador privado, la obra no se haría porque la inversión se recuperaría en mas de 40 años”.
Finalmente, Botto señaló que “entre 2008 y 2015 el incremento en términos de trabajo e insumos alcanzó un 429%, según la inflación Congreso y Consultoras ese período tuvo una acumulación de 380%”, y agregó “ a pesar de estas mediciones, la EPE, pagó un conductor un 616%, un transformador trifasico 560% más, los postes valen 742% más de lo que costaban, y un reconectador trifásico 533% de lo que se pagaba y los equipos de protección digital aumentaron luego de este bruto tarifazo y la liberación del cepo cambiario, 100% en dólares”, concluyó el representante de los trabajadores.
