El Gobierno designó al economista cordobés Osvaldo Giordano como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y convalidó otros nombramientos en el Ministerio de Economía, en las áreas de Ingresos Públicos y Legal y Administrativa, a través de decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial.

Con el Decreto 47/2023 quedó formalmente designado Giordano, quien es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde es oriundo, y antes de asumir como titular de Anses fue ministro de Finanzas del gobierno provincial de Juan Schiaretti desde 2015.

También fue investigador en el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea.

A nivel nacional, ocupó los cargos de subsecretario de Economía Laboral y Social del Ministerio de Hacienda (1992-1996), secretario de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo (1996-1997), superintendente de Riesgo de Trabajo (1997-1998) y director general de Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (1998-2002).

Además, fue presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante más de 20 años (1992 a 2014).

En la gestión de la provincia de Córdoba, entre 2002 y 2003, ocupó el cargo de secretario de Ingresos Públicos; en 2007, el de secretario de Previsión Social, cuando tuvo a cargo la gestión de los reclamos a la Nación por los fondos adeudados para la Caja de Jubilaciones de Córdoba; y desde 2015, el de ministro de Finanzas.

«Las políticas de Estado durante estas décadas sostuvieron el desorden del sector público. De este modo, la solución a los problemas no pasa por el ajuste fiscal; las soluciones pasan por el ordenamiento del Estado», escribió Giordano en el libro «Una vacuna contra la decadencia», editado este año y que escribió junto con los economistas Jorge Colina y Carlos Seggiaro.

Allí se aborda la cuestión previsional y se presentan propuestas como 65 años de edad y 35 de aportes para hombres y mujeres, y el haber que resulte del 82% del promedio actualizado de la remuneración neta de toda la vida activa; que la pensión por fallecimiento sea para los hijos y no para el cónyuge si este ya tiene la propia; un haber máximo bajo, la posibilidad de ahorrar en regímenes complementarios y una movilidad periódica en función de los salarios de los activos.

Por otra parte, el decreto 42/2023 convalidó el nombramiento de Claudia Balestrini como subsecretaria de Ingresos Públicos, quien así continuará en un cargo que ostenta desde 2015 cuando ingresó al gobierno de Mauricio Macri, junto con el ministro de Economía de entonces, Alfonso Prat Gay, y continuó luego con las siguientes administraciones.

Balestrini es contadora pública por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Tributación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.

Además, fue socia del Estudio Jurídico Contable Balestrini, desde 1994 hasta 2014.

En tanto, el decreto 43/2023 designó a Gabriel Crugeiras como subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa.

Contador público de la UBA, Crugeiras realizó un posgrado sobre Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Data Mining) en la Universidad Austral.

En 2016 ingresó a la función pública en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde primero fue jefe de Departamento de Monitoreo de Gestión, y luego jefe del Departamento de Inteligencia de Gestión, donde se desempeñó hasta ahora.

Por otra parte, por intermedio del decreto 40/2023 se aceptó la renuncia presentada por Flavia Royon al cargo de secretaria de Energía, función para la que fue designado Eduardo Rodríguez Chirillo, cuyo nombramiento se concretó días atrás con el decreto 14/2023.

Asimismo, Royon fue designada secretaria de Minería, para lo cual también se aguarda el decreto que la oficialice.