Las transferencias corrientes y de capital del Gobierno nacional a las provincias crecieron apenas un 9,4% en lo que va del 2019 en términos nominales, mostrando una caída real importante frente a la inflación acumulada.

Entre enero y octubre (último dato disponible) las transferencias corrientes a las provincias alcanzaron los 93.054 millones de pesos, lo que significó un incremento nominal del 25,5% contra una inflación acumulada en el mismo período del 42,2% en el mismo período.

Así lo indica un informe de ejecución presupuestaria elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En la misma línea, hubo caída real de las transferencias a las universidades públicas nacionales, dado que estas registraron un incremento nominal del 34,7%, llegando a los 114.959 millones de pesos.

Peor es la situación de las transferencias de capital, que se derrumbaron un 19% en términos nominales en los primeros diez meses del año, pasando de los 41.747 millones de pesos en 2018 a los 33.804 millones de pesos en 2019.

Si a esos datos se les suma la inflación acumulada en el período analizado, se observa un derrumbe en lo que es la inversión del Estado nacional en los territorios provinciales, principalmente en obras de infraestructura.

Todos esos números se contraponen, por ejemplo, con lo ocurrido en torno a los intereses de la deuda pública, que acumularon al finalizar octubre un total de 643.017 millones de pesos, con una suba del orden del 75,6% anual.

En total, durante los primeros diez meses de 2019, las transferencias corrientes y de capital destinadas a provincias y municipios alcanzaron los 126.858,7 millones de pesos, lo cual constituye un 9,4% más en términos nominales que el monto devengado en el mismo período de 2018.

ASAP señaló que en el caso particular de las transferencias de capital durante el año pasado se transfirieron en forma extrapresupuestaria partidas correspondientes al Fondo Federal Solidario (FFS) hasta que, a mediados de agosto de 2018, el régimen fue derogado a través del Decreto N° 756/2018.