El Gobierno presentó ante referentes de asociaciones de consumidores los nuevos cuadros tarifarios del gas natural y el precio del fluido en boca de pozo para que sean estudiados de cara a la audiencia pública prevista para la semana próxima.
Representantes de 32 asociaciones de consumidores de diferentes puntos del país fueron recibidas por el jefe de Gabinete económico, Gustavo Lopetegui; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el interventor del Enargas, David Tezanos; y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
«Proponemos una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años. Mantendremos la protección sobre los más vulnerables asegurándonos que la Tarifa Social llegue a quién la necesita», se comprometieron los funcionarios.
También Aranguren y Lopetegui aclararon que el Gobierno busca generar conciencia sobre la importancia que tiene el uso racional energético en la economía familiar y el cambio climático y afirmaron que el objetivo es lograr un «suministro energético más justo y que promueva la producción local y el trabajo argentino».
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, en el marco de las reuniones informativas acerca de la instrumentación de la readecuación de tarifas de gas, para la audiencia pública del 16 de septiembre. Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, dijo que en la reunión se presentaron las nuevas tarifas que regirían a partir de octubre, pero no se explicó cuál es el plan de inversiones que desarrollarán las empresas.
«Todo aumento de tarifas tiene que ser gradual, razonable y pagable para los consumidores. Si será del 203% hay que analizar si no es desproporcionado con los aumentos de salarios y jubilaciones, que están en el orden del 30%», dijo Polino tras participar del encuentro. Las asociaciones de consumidores estudiarán ahora los nuevos cuadros tarifarios que están disponibles en la web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para preparar las preguntas y objeciones que serán expresadas el 16 en la Usina del Arte porteña.
La audiencia pública no será vinculante porque los presentes no tienen derecho a voto, pero por instrucción de la Corte Suprema la administración de Mauricio Macri no podrá tomar una decisión que vaya a contramano de lo que se diga allí, interpretó Polino.
