El proyecto del Presupuesto 2027 «ataca cuestiones nodales que hacen al acceso de derechos a las personas con discapacidad»
Mariel Chapero cuestionó los cambios previstos para las pensiones no contributivas por discapacidad y el esquema de aranceles para las prestaciones. Además, reclamó la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió por el impacto de las medidas sobre personas con discapacidad, familias y trabajadores del sector.
La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno nacional volvió a encender las alarmas entre las organizaciones y trabajadores vinculados al sector de discapacidad. Según advirtió Mariel Chapero a Conclusión, el texto incorpora modificaciones que podrían profundizar las dificultades para acceder a pensiones no contributivas y agravar la situación de los prestadores.
Las declaraciones se conocieron luego de que finalmente se emplazara a la Comisión de Discapacidad del Congreso para avanzar con el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, uno de los principales reclamos del sector.
“Lo que estamos buscando, lo que estamos promoviendo, lo que estamos exigiendo, es un compromiso de los legisladores y las legisladoras para que se pueda prorrogar porque la emergencia continúa y no solamente continúa, sino que se profundiza”, señaló Chapero.
En ese sentido, sostuvo que la normativa de emergencia tampoco se estaría cumpliendo de manera efectiva. “La Ley de Emergencia en realidad solamente exige al Gobierno cumplir las leyes que ya había en nuestro país”, planteó.
Cambios en las pensiones
Uno de los puntos que genera preocupación está vinculado con el acceso a las pensiones no contributivas por discapacidad. De acuerdo con Chapero, el proyecto de Presupuesto plantea una restricción que vincularía de manera más estricta el beneficio con la condición de invalidez laboral.
La dirigente advirtió que esto podría dejar fuera a personas que actualmente pueden acceder a la pensión aun teniendo una actividad laboral mínima o una categoría A del monotributo. También señaló que el cambio podría afectar a niños, niñas y adolescentes que no reúnen los criterios asociados a la invalidez laboral.
“Hoy por hoy hay cientos de miles de personas que están en lista de espera para acceder a pensiones, que hicieron su trámite y no tienen el beneficio”, afirmó.
Chapero sostuvo que la legislación vigente contempla determinadas situaciones que permiten compatibilizar el beneficio con pequeñas actividades laborales y posibilita el acceso de niños, niñas y adolescentes. Por eso, consideró que una eventual modificación dejaría afuera tanto a personas que actualmente esperan acceder al sistema como a otras que ya cuentan con la prestación.
Reclamo por los aranceles
Otro de los aspectos cuestionados está relacionado con el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. Chapero aseguró que existe un importante desfasaje entre los aranceles reconocidos y los costos reales que afrontan los profesionales y las instituciones.
“Los tiempos de pago nos implican una espera de 90 días, de 120 días, y las compensaciones que exige la ley no se han pagado”, afirmó.
La referente explicó además que los incrementos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplican sobre una base que, según sostuvo, ya se encuentra atrasada.
Para graficar la situación, señaló que el colegio profesional al que pertenece establece, a partir de un estudio de costos, un valor de referencia para el trabajo profesional que se encuentra muy por encima del arancel reconocido dentro del sistema de discapacidad.
“El arancel de discapacidad no llega al 40% de ese valor”, aseguró, y advirtió que resulta cada vez más difícil sostener el ejercicio profesional, las instituciones y los equipos de trabajo.
En ese contexto, describió un escenario de creciente precarización para los trabajadores del sector y de desgaste para las instituciones y las familias que necesitan las prestaciones.
La emergencia continúa
Chapero remarcó que el reclamo por la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad se produce en un contexto que, según el sector, lejos de haberse resuelto, continúa agravándose.
“Los trabajadores y las trabajadoras estamos muy desgastados, las familias directamente están arrasadas”, sostuvo.
Finalmente, cuestionó el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional sobre las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. En particular, señaló dificultades para acceder a medicamentos y a prestaciones consideradas básicas para garantizar una vida digna.
“Las personas no acceden a sus medicamentos, porque las personas no acceden a necesidades básicas que implican la posibilidad de tener una vida digna y, en algunos casos, de vivir”, afirmó.