La Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país el último 15 de septiembre, por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.
De esta forma, la Argentina formalizó su intención de apelación, dando aviso a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, y según la práctica habitual para estos casos.
La carta de apelación enviada a la jueza Loretta Preska consta de una carilla, en la que se formalizó la apelación, a la cual luego se sumará la presentación oficial de los argumentos.
Asimismo, las partes se encuentran a la espera de la inminente decisión de Preska, que aún tiene que indicar a partir de cuándo tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre.
A inicios de octubre, tanto la Argentina como los demandantes enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.
Mientras los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron «un período razonable», que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.
Al respecto, «decida lo que decida Preska, su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, sólo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación», indicaron abogados que siguen de cerca el caso.
A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre.
Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).
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La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría «daños irreparables a la población, que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».
En primer lugar el país expresó que «existe una clara barrera legal para la República» ya que, «según la ley, los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año».
Además, la «sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada» por lo que no puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia.
Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que «la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% del presupuesto federal de la República Argentina para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes», consideraron.
En segundo lugar, «incluso si fuera legalmente posible (y no lo es) garantizar una fianza acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia, es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple, No existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal», afirmaron los abogados que representan al país.
A la vez, citaron al FMI, que «estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas» y que bajo el marco del acuerdo rubricado con dicho organismo internacional, la República tampoco puede pedir prestado fondos para asegurar una fianza.
Así explicaron que «actualmente no tiene la capacidad de emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital, y tiene una calificación CCC- (negativa) de S&P», con lo que la República «no sería capaz de absorber financiamiento neto adicional de la magnitud requerida para pagar el monto de la Sentencia».
Otro dato que argumentaron es que, si se efectuara un eventual pago a los acreedores antes de finalizar el juicio completo y la Argentina logra revertir su situación, «será difícil, si no imposible, rastrear y recuperar esos fondos si la Corte revoca la sentencia, en su totalidad o en cualquier parte sustancial».
