Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
El Senado sancionó anoche la ley de apoyo a la actividad que desarrollan los emprendedores, que apunta a generar 47 mil puestos de trabajo, y que agiliza los trámites y costos burocráticos que hoy se padece para encarar un proyecto productivo. La nueva ley fue sancionada por unanimidad con 57 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa fue remitida por el Gobierno al Congreso e impulsada en la Cámara alta por el senador sanjuanino Roberto Basualdo, del Interbloque Federal, quien en diálogo con Conclusión expresó que «la nueva ley podrá generar en forma inmediata 47 mil nuevos puestos de trabajo».
El proyecto tuvo por finalidad facilitar la constitución, la promoción y el crecimiento de pequeñas empresas, mediante la creación de una nueva figura jurídica, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitirá abrir una empresa por Internet en no más de 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto y el CUIT.
Una de las aristas más ríspidas de esta iniciativa en el marco del debate fue el financiamiento de la ley de emprendedores, ya que si se aprueba el proyecto que salió de la Cámara baja el financiamiento que quedaría a cargo de las provincias por resignación de coparticipación.
Conclusión dialogó con el presidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPymes, el senador Roberto Basualdo, quien se mostró optimista respecto de los alcances de la nueva ley, y de los beneficios que la aplicación de la norma generará en el territorio nacional.
Para el legislador, la ley de “Apoyo al capital emprendedor”, tendrá efectos positivos «sobre quienes enfrentaron hasta ahora dificultades para viabilizar sus iniciativas», y agregó que este proyecto «es superior en 10 veces al anterior ya que tiene un beneficio fiscal y administrativo. El tiempo de aprobación de esta nueva figura -la sociedad de acciones simplificadas- será de 24 horas para habilitarla por Internet. Así, se reducen notablemente los costos y los tiempos, que llegaron a más de 80 días».
Según Basualdo, este tipo de sociedades tendrá que «pedir los permisos correspondientes de acuerdo al rubro que explote y a las exigencias y requisitos de cada lugar, pero estará habilitada para pedir su cuenta bancaria», y agregó que la nueva figura societaria «puede estar constituida por un único socio, con un capital mínimo de dos sueldos vital y móvil».
Otro de los puntos sobresalientes que contempla la norma según Basualdo es crear «un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce), que facilitará el financiamiento para emprendimientos de forma conjunta con el sector privado».
Como política pública -señaló el representante de San Juan- que «el Estado destinará fondos públicos para conflir con privados e impulsar el desarrollo de proyectos para ello se crearán 10 fondos de co-inversión, con un aporte público del 40% y un capital mínimo conjunto de 30 millones de dólares».
Además, se le da la posibilidad a las nuevas empresas constituidas que el 10% que se destinaría a ganancias lo pueda deducir y destinar a un fondo hasta un 75% del capital de ese emprendimiento y hasta 5 años», y agregó que si se trata de territorios tipificados como «zonas desfavorables, se puede invertir hasta el 85%».
No obstante, el texto de la ley aclara que «la deducción no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos años contados a partir del primer ejercicio en que se realizó la inversión», precisó el congresista.
«De esta manera el Estado nunca pierde, porque para ese emprendimiento tenga aportes para desarrollar su proyecto, será con paso previo por la Comisión Nacional de Valores que analizará la viabilidad ,y de ser así el Estado aportará y la empresa deducir. En caso contrario se le informará al emprendedor, pero este tendrá que afrontar la iniciativa con dinero propio», destacó el senador sanjuanino del Interbloque Federal.
En el mismo sentido destacó el senador Basualdo que «se fomentará desde el Estado a las aceleradoras, que serán 13, de las cuales 10 van a dedicarse a emprendimientos tecnológicos y sociales, y 3 a emprendimientos de base científica».
