Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
El diputado nacional Guillermo Carmona presentó una iniciativa que establece la “intangibilidad de los recursos para las provincias y municipios provenientes del Fondo de la Soja, porque está siendo desfinanciado por el gobierno nacional a partir de la decisión de disminuir las retenciones a ese producto”.
El legislador participó en la asamblea de intendentes Federación Argentina de Municipios, donde presentó el proyecto de ley para establecer la intangibilidad de los recursos para los municipios y las provincias provenientes del Fondo de la Soja”.
En diálogo con Conclusión, Carmona contó que presentó su “proyecto de ley, ante más de cien intendentes de todo el país y fue acompañado por otros 14 diputados del FpV-PJ».
Según el diputado cuyano “la propuesta establece que el Estado Nacional absorberá la disminución de recursos y garantizará a las provincias y municipios que no mermen los aportes que se obtienen de ese fondo”.
El Fondo de la Soja fue establecido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y su “implementación posibilitó a las provincias y municipios realizar importantes obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y cultural de altísimo impacto positivo para las comunidades locales”, fundamentó el parlamentario.
Por último, Guillermo Carmona señaló que “la decisión de reducir las retenciones a la soja adoptada por el gobierno de Mauricio Macri es un atentado contra el federalismo que con nuestro proyecto de ley buscaremos dejar sin efecto”, concluyó.
El Fondo Federal Solidario (FFS), está compuesto por un tercio de lo que el Estado nacional recauda en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, desde que se creó, en marzo de 2009, distribuyó más de 49.000 millones de pesos a las provincias.
Un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (Geenap), destaca que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más ingresos recibió por este concepto, superando los 10.000 millones de pesos. Santa Fe y Córdoba, que en principio se oponían a la medida, también estuvieron entre las principales beneficiadas al recibir 4257 y 4230 millones, respectivamente
