Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazó declarar la nulidad del cierre de la investigación por supuestas irregularidades en la venta de tierras a orillas del Lago Escondido, en Río Negro, al ciudadano británico Joe Lewis, luego del sobreseimiento dictado a seis imputados en el caso.
La suspicacia en torno a la tríada de jueces remite a su designación durante la presidencia de Mauricio Macri, cercano al empresario británico.
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El máximo tribunal penal del país había recibido una apelación del fiscal José Luis Agüero Iturbe, contra la decisión de la Cámara Federal porteña que en diciembre último sobreseyó por extinción de la acción penal a seis imputados, entre ellos el hijo de Lewis, Charles Lewis, informaron fuentes judiciales, por sus vinculaciones al grupo económico Tavistock Group.
Agüero Iturbe presentó un recurso para que se declare la nulidad del fallo de la sala I del Tribunal de Apelaciones intermedio, se le de intervención y vuelva a dictarse una resolución sobre los sobreseimientos por prescripción dictados por el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral.
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En la apelación se aludió a una supuesta «inobservancia de normas procesales».
En la causa se investiga la actuación de quienes intervinieron en el proceso de venta de las tierras rionegrinas, entre 1996 y 1997, por una supuesta violación a las leyes de Defensa Nacional.
Las 11.000 hectáreas están ubicadas en la llamada «zona de seguridad de fronteras» que por ley sólo pueden venderse a empresas o ciudadanos argentinos.
En la investigación están imputados ex funcionarios por supuestas «negociaciones incompatibles con la función pública».
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Algunos de ellos, como ex funcionarios de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, de la Unidad de Proyectos de Radicación, del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro y la escribana que intervino fueron citados a indagatoria pero el caso se declaró prescripto por el paso del tiempo.
La noticia se conoce dos semanas después de la finalización de la quinta Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, que tuvo lugar desde el pasado 4 hasta el 11 de febrero, para reclamar que el acceso al espejo de agua sea público.
