por Gabriel Ziblat

La situación económica está generando una doble presión en los siempre insuficientes fondos del Ministerio de Desarrollo Social que lidera Carolina Stanley. Cada vez más gente se ve obligada a recurrir a comedores comunitarios, mientras que los precios de los alimentos vienen subiendo de manera exponencial, superando incluso el nivel general de inflación, algo que también afecta las compras que hace el organismo. Según un relevamiento de PERFIL, la “inflación Stanley” alcanzó el 96% en el último año.

El debate por la emergencia alimentaria logró poner una vez más la mira en los fondos que se destinan al área. Apenas comenzada la discusión, el Gobierno planteaba que ya se había ampliado el presupuesto y que se estaba dando respuesta a la problemática (creció un 36% en lo que va del año). La oposición puso el foco en que no era suficiente y por eso impulsó el proyecto que amplía en 50% el crédito disponible para programas alimentarios. El razonamiento no escapa a la lógica: si se necesita comprar más comida porque aumentó la demanda en los comedores, y a la vez esa comida es más cara, un aumento presupuestario en línea con la inflación difícilmente sea suficiente.

El análisis realizado por PERFIL comparó los precios de 16 productos que Desarrollo Social compró (o está a un paso de comprar) en el segundo semestre del año con los de 2018. Según el Indice de Precios al Consumidor del Indec que se difundió esta semana, la inflación anual fue del 53,6% en agosto. El rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” estuvo por encima: 58,9%. Aunque metodológicamente la comparación no es correcta (porque compara distintas canastas de productos), la “inflación Stanley” sirve como muestra de cómo al Estado también se le encarecieron las compras.

La mayoría de estas cifras, encima, son de licitaciones que recibieron las ofertas de precios antes de las PASO del 11 de agosto, por lo que todavía no contemplaban la escalada que se generó después del cimbronazo electoral y la consecuente devaluación del 30%. La leche en polvo (de un kilo), por ejemplo, aumentó un 109%, hasta los $ 308,95. Según el Indec, la subcategoría “leche, productos lácteos y huevos” sufrió un aumento anual del 85% y la leche en polvo (de 800 gramos) ya está valiendo en promedio $ 340,69.

El clima de descalabro financiero que se desató desde las PASO también afectó las licitaciones del ministerio. El martes 13 de agosto se debían abrir los sobres con las propuestas de las empresas para vender aceite “tipo mezcla”. Con la imposibilidad de los empresarios para fijar precios con un dólar que parecía sin techo, pasó lo inevitable: la compulsa quedó desierta. Fuentes de Desarrollo Social reconocen que “muchos proveedores se bajaron de las licitaciones después de las PASO” pero aseguran que están “trabajando de la mejor forma posible para que entreguen mercadería”.

En las últimas semanas se pusieron en marcha sistemas de compra de emergencia y urgencia, para así limitar la burocracia y acelerar los tiempos. Un caso que sirve de ejemplo es la yerba mate: a fines de agosto se habilitaron varios procesos de contratación directa (que todavía no están cerrados) y ya muestran que los aumentos se profundizarán. El precio más alto que pagó el Gobierno en el año es de $ 93,70 (104% más que en 2018), pero para estas contrataciones ya se prevé un precio de $ 122.

Cerca de Stanley aseguran que van a terminar aumentando este año un 43% el valor de las raciones de comedores y merenderos, sumado a otras medidas tomadas para atender a los sectores más vulnerables. Todas medidas que sirven pero van detrás de una inflación cada vez más pesada, y que el Ministerio de Desarrollo Social sufre en carne propia.

Fuente: Perfil
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