El Manifiesto Argentino realizó un llamamiento a constituir una Comisión de Defensa de nuestra Soberanía sobre el río Paraná en toda su extensión, y expresó que considera «necesario que se sumen a esta iniciativa todos los partidos, colectivos y grupos políticos que compartan esta idea, y en particular y especialmente los compañeros del campo nacional y popular que forman parte del gobierno en diferentes funciones. De lo que se trata es de que entre todos militemos recursos comunes constitucionales y democráticos para detener la entrega de patrimonios nacionales».

En tal sentido, propusieron la realización de una urgente «consulta con referentes del campo popular, a fin de garantizar el respeto al derecho y la voluntad del pueblo argentino de decidir sobre el destino, uso, explotación y cuidado de los bienes naturales –tierras, subsuelos, aguas, bosques y montañas– respeto que exige, en particular y en este momento, no entregar la administración y control del río Paraná a potencias e intereses extranjeros».

En la misma línea destacaron que parten del «convencimiento de que es inminente la concesión del control y administración de nuestro histórico río (donde en 1845 se libraron las Batallas de Obligado y de Punta Quebracho, sinónimos de Soberanía Nacional) y por donde hoy circula el 80% de nuestro comercio exterior pero en beneficio de consorcios y empresas multinacionales extranjeras, lo que nuevamente dejaría al Estado Argentino en posición de debilidad y ajenidad de controles sobre nuestra principal cuenca fluvial, que es una de las cinco vías navegables más importantes del mundo».

Y sostienen que la «presumible concesión» es impulsada de forma «confusa, maliciosa y oscura por medios de comunicación ostensiblemente financiados por intereses extranjeros, estimulando una peligrosísima entrega de soberanía, de igual gravedad que si la República Argentina entregara las Islas Malvinas y resignara todos nuestros derechos».

Por otra parte denunciaron que además del río Paraná y la «arteramente llamada «hidrovía», en paralelo están en marcha otros gravísimos procesos de cesión de soberanía en todo el territorio nacional, repitiéndose mecanismos a los que nos tienen acostumbrados gobiernos antipopulares y neoliberales que a lo largo de nuestra historia nacional facilitaron entregas de nuestros bienes comunes naturales, llámense petróleo, litio, oro, plata, cobre, acuíferos, bosques, bienes ictícolas y agropecuarios, siempre en favor de potencias extranjeras y de consorcios transnacionales, y siempre en perjuicio del pueblo argentino y sin consultarlo, siendo que es el único y verdadero propietario del territorio nacional, en superficie, subsuelo y espacio aéreo».

No sin antes recordar que vienen «denunciando que la reiteración sistemática de acciones y engaños de lobbies empresariales en contra de los intereses de nuestro pueblo, coincidentes con el visible y constante retroceso del Estado, implican una sostenida pérdida de soberanía que es imperioso terminar».

Asimismo, expresaron que «el resultado principal y más notorio de esto son los gigantescos perjuicios económicos que sufre nuestro país. Algunos economistas y académicos serios y respetados señalan que, puesto que si solamente las 8 empresas líderes del comercio exterior por el Paraná declaran vender unos 30.000 millones de dólares por año, en 10 años de control estatal del Paraná».

Y añadieron: «Podríamos acercamos mucho al pago total de la deuda que nos oprime. Tanto así es que con las simples hipótesis de que cada año esas empresas exportan sin declarar el 10, el 20 o el 30% (que sin dudas lo hacen) puede afirmarse con seguridad que en sólo una década de control y cobro de derechos de exportación que nos corresponden, sólo el río Paraná pagaría gran parte de la deuda externa bruta de la Argentina. Que al 31/12/2020 alcanzó los 335,6 mil millones de dólares».

También dejaron claro en el documento que la ciudadanía debe «tener claro que con una sana administración de los recursos por parte del Estado, las ganancias que obtendría el pueblo argentino permitirían sacar de nuestras espaldas semejante peso, lo que además fortalecería áreas claves de la producción industrial, la industria naval y la recaudación impositiva, entre otros beneficios, y asegurando la creación de decenas de miles de empleos en paralelo a la definitiva reafirmación de la Soberanía Nacional».

De allí, que subrayaron que desde ese espacio no aceptan «los modos subrepticios y carentes de claridad con que en estas horas se están manejando las negociaciones y decisiones desde el Ministerio de Transportes, todas las cuales apuntan a achicar la presencia del Estado y anular su función natural de control y garante de los derechos del pueblo argentino sobre todos los bienes naturales con que la Naturaleza distinguió a nuestro territorio nacional».

Por otra parte, indicaron que «rechaza las oscuras maniobras periodísticas a que parece apelar dicho Ministerio, tendientes a confundir a la sociedad con el falso argumento de que «no se está privatizando” el río Paraná, y con la supuesta «compensación» del llamado a «audiencia pública» respecto del imprescindible Canal Magdalena. Lo que denota no inocentes estrategias dilatorias, porque el río Paraná ya está privatizado de hecho y la cuestión ahora es la continuidad a partir del 30 de abril próximo de la infame concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem en 1995″.

Es por todas esas razones que El Manifiesto Argentino propone la antedicha Comisión de Defensa de nuestra Soberanía sobre el río Paraná en toda su extensión, en el convencimiento de que son urgentes y necesarios el análisis y la resistencia colectiva con las demás agrupaciones del campo popular acerca de la posibilidad de iniciar un proceso de consulta popular vinculante, en los términos que establece el artículo 40 de la Constitución Nacional, plebiscito que de realizarse no dudamos que el pueblo argentino sabrá honrar expresando su verdadera e indesmentible voluntad.