Por Aldo Battisaccco – Conclusión Buenos Aires
El proyecto sobre la prórroga de la ley de tierras indígenas fue tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de un breve plenario que se realizó con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el Senado de la Nación. En diálogo con Conclusión el Werken Mapuche, Orlando Carriqueo, sostuvo que no solo bregan por la prórroga de la norma, sino que piden la «participación indígena en el relevamiento y Presupuesto» para llevar adelante el objetivo que se propuso la Ley 26.160, aprobada en 2006, y que permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país.
La senadora, Nora del Valle Giménez advirtió que si no se aprueba una extensión, “no quedará ninguna herramienta, ni instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, cuando todavía “no se han completado los relevamientos”. “Hace falta habilitar la partida de cada Presupuesto para que estos fondos sean operativos y el Fondo especial pueda funcionar como tal”, subrayó la oficialista, que agregó que “pese a todas las dificultades generadas por la pandemia, ha habido una tarea importante por parte del equipo técnico del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Sobre esta situación que se desarrolla en el parlamento pero que se sufre en los territorios, Carriqueo dijo tras la reunión que se realizó en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que «no es la primera vez que estamos en ésta situación», y agregó que «se abre el debate para los pueblos, y se plantean cosas que suponemos que van a pasar, pero que es muy difícil que pasen».
En el mismo sentido, el werken señaló que «si bien se realizaron relevamientos en los territorios en los que se asientan distintas comunidades, se los ha desalojado. y esto representa un problema político, social e histórico», al tiempo que destacó «que de hecho el pueblo mapuche de Río Negro vive una situación compleja porque están sitiados por la policía, con denuncias sobre terrorismo, que da la magnitud del problema territorial que se vive».
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Carriqueo precisó que esto «se hace visible porque hay organización y comunidades muy fuertes que se deciden a resistir los desalojos, plantear la discusión política y poner en evidencia del conflicto».
La Ley 26160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las misma.
No está en nuestra cosmovisión romper un cerro para sacarle el oro, no significa un recurso económico para la supervivencia de nuestros pueblos
Respecto de las denuncias que se formularon en el marco del encuentro entre distintas naciones. Carriqueo explicó a Conclusión que en el sur, «lo que más avanza es el negocio inmobiliario y gran parte de los conflictos que se dan se discuten con un príncipe Catarí, Benetton, Buirko, producto de la extranjerización de la tierra, este es uno de los problemas que se da porque durante el gobierno de Macri se modificó por decreto una ley de tierras que facilita la extranjerización de las mismas».
Hay sectores políticos de derecha que estigmatizan a la comunidades y son «acompañados por los medios hegemónicos de difusión, nacionales y provinciales que intentan instalar que los mapuches son el enemigo interno, subversivos y hasta terroristas».
La norma vence el próximo 23 de noviembre y se busca extenderla por cuatro años más
El werken describió la raíz el conflicto: «Los pueblos somos un obstáculo que se oponen a la sobreexplotación de los bienes naturales y de su territorio en favor del extractivismo minero, petrolero, inmobiliario y turístico».
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Además, Carriqueo aclaró que el Gobierno de Alberto Fernández, «no derogó el decreto, con lo cual el complejo inmobiliario avanza sobre el territorio, la discusión de la mineras y la política nacional y provincial, en relación de donde sacaran los recursos, tiene como visión los territorios comunitario, el problema es que la comunidades se niegan a aceptar un proceso extractivo que pone en jaque la posibilidad de continuar viviendo en el lugar».
Para nosotros un cerro y el agua tienen vida, la cultura occidental mira esto como recursos, y no podemos aceptar la contaminación
«Esto no es un hecho menor lo que se plantea, porque para nosotros aparte de la espiritualidad se desarrolla en relación al territorio, romper un cerro para sacarle oro no está en nuestra cosmovisión o posibilidad de recurso económico, nos planteamos en otros termino s la supervivencia de nuestros pueblos en toda Argentina . Por eso seguimos resistiendo como hace 500 años al capitalismo, las comunidades nos oponemos a los proyecto mega mineros, la forestales, al monocultivo con agroquímico que generan un desequilibrio en la biodiversidad», cerró.
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