En la Argentina, la cantidad de jubilados y pensionados representan una porción importante de la cantidad total de habitantes, a saber un 16,13% de la población.
En estos días, 7.1 millones de personas en estado previsional están cobrando los haberes con un 11,8% de incremento que elevan el mínimo que casi 7 de cada 10 perciben a $10.400.
Este haber, en promedio, le alcanza a un jubilado para adquirir una canasta de consumo básico y aún le sobrarían $1.500. Pero para un consumo medio, le estarían faltando $1.350 y acceder a la canasta más completa le representarían $3.600 adicionales.
Según las cuentas efectuadas por la Universidad Nacional de Avellaneda, unos 4,5 millones de adultos mayores, en caso de no disponer de ahorros, otros ingresos o ayuda familiar, deberían bajar un escalón más en su nivel de vida o acomodarse en el que apenas cubre los bienes y servicios más frugales, que la inflación específica para el sector situó 69,5% por arriba de 2018, que en caso del segmento medio subió 61% y en el superior, 58,5%.
Claramente, no será nada fácil seguir «bajando escalones» viniendo de la experiencia de ajuste en la economía del hogar del año pasado, donde el grueso del gasto se lo comen los rubros que más aumentaron: alimentos y bebidas (58,3%), medicamentos (53,1%) y tarifas de servicios y vivienda (52,4%).
La tónica en 2019 no varió y la pobreza avanza sobre la mayor parte del padrón de 7 millones de jubilados y pensionados que ahora cobran $10.400, del millón y medio de Pensiones No Contributivas y de Pensiones Universales para el Adulto Mayor que se lleva $7.287, para los 4 millones que reciben la Asignación Universal por Hijo que perciben $2.030 y los 5 millones a quienes corresponde liquidar asignaciones familiares.
De 44 millones de habitantes que tiene el país, suman unos 25 millones los beneficiarios de planes sociales y previsionales. Significa que un 57% de la población vive de migajas en comparación con la carestía de la vida.
Como las cajas fueron vaciadas y malversadas por la dirigencia política y la ANSeS moviliza recursos para sostener al Estado y subsidiar proyectos privados, la factura de los platos rotos está yendo a parar al eslabón más débil de la cadena, a aquellos que llegar a fin de mes con lo que perciben les implica sufrir privaciones que en muchos casos, como el de la salud y la residencia, les resulta muy complejo afrontar si no reciben ayudas que sus descendientes no siempre están en condiciones de brindarles.
El pase de la actividad a la pasividad le cuesta a un trabajador que aportó obligatoriamente al sistema de seguridad social durante 30 años resignar un 39% del sueldo promedio que le pagaban antes de retirarse.
Y cuando se discute la legitimidad de los que pudieron jubilarse con la mínima gracias a las moratorias amplias que se abrieron, debe tenerse en cuenta que al menos un tercio del empleo es informal y no es culpa del trabajador haber aceptado esas condiciones.
