Por Andrea San Esteban
El Ministerio de Energía y Minería continúa sin demostrar los costos de gas tal como lo pedía el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esto es claramente impugnable y así lo ha planteado el Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad).
En el informe se destaca que “con los aumentos dispuestos en las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería N° 212/2016y 74/2017, el precio de la energía de Argentina se elevó por encima de la media regional y mundial.
La suba no se agota en las dos resoluciones indicadas, sino que el gas en boca de pozo referido en las normativas como Pist (Precio del gas en el Ingreso en el Sistema de Transportes) seguiría un sendero en dólares hasta alcanzar 6,80 U$/MMBTU en el año 2019.
«Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución”.
La suba no se agota
Post elecciones, ya se ha anunciado un nuevo incremento, que comprende que, desde el 1 de diciembre, el gas va aumentar más de un 50 por ciento, sin agregar el impuesto al valor agregado (IVA).
Desde octubre del 2016 hasta el presente las tarifas, sufrieron un aumento del 202 por ciento. Según la Universidad Metropolitana para la Educación y el trabajo, “con las tarifas así resueltas se retribuye a empresas que no hicieron ningún desarrollo ni producción incremental en gas no convencional, o sea, por un lado, se incrementa el valor del gas convencional y por otro se sigue pagando el estímulo”.
Los estímulos tanto en el 2014 como en el 2015 fueron pagados religiosamente con fondos del Tesoro Nacional. Entiéndase que se hizo cargo el Estado. En el año 2016 el nuevo gobierno planteó que esos montos ya no eran estímulos, ni subsidios a las empresas petroleras, sino que los autodenominó subsidios de los usuarios a las petroleras, por lo cual trasladó el pago a los consumidores.
Valores criminales
“El país tiene 13.753.932 usuarios de energía eléctrica, de los cuales 11,76 millones son residenciales, 1,6 millones de Uso General (Pymes), 8.600 Grandes Usuarios, 140.000 Comerciales e Industriales. La demanda de energía eléctrica que creció hasta el año 2015 a una tasa de alrededor de 4%, en todos los sectores socio económicos, presentó un mínimo crecimiento de 0,7% en 2016”.
El gobierno, de Cambiemos sostiene que “es imperativo la instalación de nueva política energética, sin un planeamiento cuidadoso y equilibrado que tenga en cuenta no sólo las variables macroeconómicas, sino también el acompañamiento de la industria nacional en la producción de equipos para las plantas de energías renovables solares y eólicas, ya que el componente nacional de dichas centrales es del 10% importándose el resto», afirman desde el Observatorio de Tarifas.
El tiempo de vivir en peligro
“Todo el desarrollo tecnológico nuclear argentino se ve en peligro por la endeblez adoptada por el Gobierno en este tema que ha sido una política de Estado desde los años 50 discontinuada por el menemismo y el Gobierno radical de De la Rúa».
«El precio a nivel mayorista sufrirá en el mejor de los casos la continuidad de los precios actuales en dólares mientras que en las tarifas al usuario final se deben aplicar dos aumentos ya sancionados para noviembre de 2017 y febrero de 2018”.
Agrega el informe, “esto traducido a pesos presenta un escenario muy diferente ya que cualquier variación del dólar repercute en forma directa en las tarifas de toda la cadena energética.
Laudato si
“No resulta sencillo compatibilizar los criterios liberales acerca de la propiedad de los recursos, que habilita a una explotación sin límites a una propiedad comunitaria, que resguarda otros intereses más integrales».
«Una mirada que es reforzada por la encíclica Laudato si, de una economía al servicio del hombre y del pueblo en su conjunto, contra una economía de descarte de las grandes masas”.
