Por Guido Brunet

La empresa Vicentin posee el 50% del capital accionario del Puerto Rosario. Sin embargo, desde el Enapro afirmaron en una reunión con legisladores provinciales que no hay registros de esto, ya que cuando ingresaron en la gestión notaron faltante de documentación correspondiente a los últimos ocho años.

Los datos sobre las firmas del grupo Vicentin se conocieron a partir de un informe elaborado por los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo Garcia Zanotti, técnicos del Banco Central. Los datos de la investigación fueron abordados durante una reunión entre legisladores de Santa Fe y dirigentes del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) con el fin de conocer la situación de la agroexportadora. Fue el diputado Carlos Del Frade, presente en esa reunión, que compartió el informe con Guillermo Miguel, director del ente provincial.

«Ellos crearon Vicentin Familiy Group, con la que derivan las ganancias a Uruguay. En 2017 ésta compra participación de Terminal Puerto Rosario. Vicentin Saic tiene el 10,2% del Puerto Rosario y Vicentin Familiy Group tiene el 39,8 por ciento, o sea el 50%«, consignó el diputado Del Frade en diálogo con Conclusión.

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«Desde el Enapro estaban muy sorprendidos. Ellos me dijeron que no tenían información concreta desde el año 2012», amplió.

Además, comentó que desde el Enapro comunicaron que «van a empezar a ver cómo le cobran mejor el canon a Terminal Puerto Rosario porque le estaban cobrando un canon trimestral que era muy bajo. El nivel de facturación que tiene la ubica entre las mil empresas que más facturan en Argentina. La última facturación fue de 2.100 millones de pesos. Yo en la reunión pregunté cómo controlan eso, y se encontraron con que no tienen mayores datos, por lo que han encargado una auditoría».

«El tema es lo que queda en la provincia y cómo se controla, porque no se sabe bien qué entra y sale. Ese es un problema muy serio porque ahí hay negocios legales y pueda haber ilegales también», expresó Del Frade.

 

Puerto de Reconquista

El pasado 29 de junio el Gobierno de Santa Fe decretó la intervención del Ente Administrador Puerto Reconquista (EAPRe) por un plazo de 180 días, luego de realizar una investigación sobre este organismo y comprobar, además de irregularidades, que el puerto se encontraba comercialmente inactivo desde 2004. Y se designó a Martín Deltín como interventor.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA. Según el decreto de intervención, un informe reveló que “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”. Mientras que Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Transbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal pero que la misma se hizo por fuera de la ley.

Del Frade manifestó que encuentra semejanza con la situación del puerto de Reconquista: «Me llama mucho la atención porque me da la impresión que tiene relación el no registro en el ente del Puerto de Reconquista, que salió la información de que desde 2004 no había registro, y ahí también estaba Vicentin, a través de la empresa Río Norte».

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Propuesta de la Provincia

En cuanto a la situación de la empresa agroexportadora y la propuesta del Gobierno provincial de crear un fideicomiso, Del Frade enfatizó que “tengo dudas de que se haga porque depende de la buena fe de los directivos de Vicentin que son delincuentes de guante blanco. Y por otro lado la mayoría de las acciones debería estar en manos de los acreedores, que son extranjeros, con lo cual vamos a dejar a la principal empresa agroexportadora de Argentina en manos extranjeras. Ahí perderíamos algo más de la poca soberanía que tenemos en el negocio agroexportador”.

“Después lo que supone una impunidad para los directivos de Vicentin porque se van de la empresa pero sin ningún compromiso para pagar lo que le deben al Banco Nación y también a los productores”, enfatizó el legislador.

Entonces, el diputado afirmó que según su opinión la mejor opción sería la “intervención plena”, “es lo más democrático, y después el debate en el Congreso de la Nación porque es ahí donde se puede dar participación, transparencia y democracia, cosa que en un fideicomiso, que es una negociación de una mesa chica, no se puede dar y el pueblo se queda afuera”.