Por Facundo Díaz D’Alessandro

El anuncio por parte del Gobierno de la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin no sólo sacudió en ese momento cierto clima anodino de aislamiento, renovaciones de cuarentena y negociación de la deuda, sino que también brindó la chance de discutir modelos de país y poner la lupa sobre mercados tan relevantes como opacos.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández abre una puerta para empezar a discutir palancas claves de la economía argentina: más del 40 % de la exportación es complejo agroindustrial exportador, lo que va de Timbúes a Villa Constitución. Tiene dos características principales, por un lado núcleo altamente concentrado: 15 empresas exportan el 90% de toda la agroindustria. Y está profundamente tercerizado: siete empresas son de capital extranjero y el resto tiene asociaciones, brazos; como en el caso de Vicentin, llamarlas nacionales sería demasiado” dijo a Conclusión Germán Mangione, periodista de investigación especializado en el sector agrícola de la provincia de Santa Fe.

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La firma cerealera nacida hace muchos años en Avellaneda (norte de Santa Fe), devenida en pulpo de las agrofinanzas que llegó a estar entre las diez principales exportadoras del país, de atrás pero en el pelotón con gigantes como Cargill o Cofco, cayó en desgracia en 2019 y hoy atraviesa un concurso de acreedores (bancos internacionales, el Banco de la Nación Argentina –el mayor prestamista-, y gran número de productores). Además, se investigan manejos fraudulentos de parte del directorio, entre los que se cuentan con Cambiemos y el gobierno anterior.

El gran miedo de todo el sector  agroexportador no tiene que ver con la propiedad privada , sino con que haya reglas claras en un monopolio que manejan a su antojo.

En la campaña anterior, el principal agroexportador fue Cofco, de la República Popular China, seguida por las estadounidenses Cargill, ADM y Bunge. Tras ellos, las argentinas Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin. El top ten se completa con Oleaginosa Moreno, controlada por la multinacional suiza Glencore, Dreyfus, firma francesa, y las las locales Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro.

Ver qué pasa

“Macri terminó quitando la obligación para que liquiden dólares a la agroindustria, también todos controles del Senasa, había muy poquitos controles y ya ni siquiera estaban. Primero, Argentina tiene que meterse, abrir una ventanita para empezar a conocer qué pasa ahí. Por eso entendés también el comunicado de Ciara, la cámara de la industria aceitera de Argentina, y la cámara de exportadora de cereales (Cargill, Vicentin, Glencore, Cofco). El comunicado dice claramente que no es ni conveniente ni necesario que el estado participe del sector. Quieren estar fuera de los controles, ‘ya son suficientes controles’. No sabemos ni qué pasa ni cómo pasa. El gran miedo de todo el sector no tiene que ver con la propiedad privada ni nada de eso, sino con que empiece a haber reglas claras en un monopolio que hoy manejan a su antojo”, precisó Mangione, quien también edita distintos proyectos periodísticos (La Brújula, Lanzallamas).

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La oportunidad para que el Estado, o si se quiere, la sociedad (si acaso le interesa) se involucren en ese debate se da en un momento muy particular. En el mundo, porque la crisis que se ha generado en torno a la pandemia es generalizada y el esquema global, que ya se venía reacomodando, lo hará más. Ya se habla de las propuestas “progresistas” que vendrán de Davos en el invierno europeo de 2021. Trump, Putin y la avanzada “soberanista” también se consolida. En Argentina, mientras tanto, se atraviesa una crisis económica que es y será aún más brutal, el final de un ciclo económico financiero-especulativo que deberá naturalmente inclinarse hacia uno de naturaleza más productiva, con creación de trabajo, la clave de la disputa en el siglo XXI.

Como dijo el presidente de la bolsa de Comercio Daniel Nasini, ‘acá hubo malos negocios o fuga de dinero’.

Mangione cree que “en ese marco es fundamental que el núcleo económico, como es la agro-exportación que no solo maneja el comercio sino que al tener el control de la mitad de las divisas, tiene el control de la soberanía monetaria, definen modelo productivo y alimentario. El estado estaba desde hace décadas pero sigue estando, completamente afuera de ese debate. Se ha renegado el rol del estado a la función de cobrar algunos impuestos, que por otro lado se cobran a partir de lo que dicen las empresas que facturan, que no siempre es realmente lo que sucede, algo que se ve ahora con Vicentin a partir de investigaciones judiciales”.

El grano como flujo

La empresa estuvo –previo a entrar en concurso- al borde de la quiebra por una deuda acumulada de 1.400 millones de dólares y sus controladores están siendo investigados por la Justicia federal por presunta defraudación y desvío ilegal de capitales. Un grupo de acreedores externos entre los que se encuentran los bancos Rabobank, Credit Agricole, ING y el Banco Mundial, buscan conocer detalles de las transferencias que se realizaron entre Vicentin y varias de sus filiales en los últimos años.

“Me parece que efectivamente lo que uno ve en Vicentin, como dijo el presidente de la bolsa de Comercio Daniel Nasini, ‘acá hubo malos negocios o fuga de dinero’ y tiene que ver cómo se ha ido evolucionando en esta era el capitalismo productivo en financiero. Cada vez más la renta agraria, la extraordinaria renta agraria que se fue generando se fue llevando a generar renta financiera”, profundizo el periodista especializado en agronegocios.

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Y detalló: “Como todavía no conocemos los balances de Vicentin, es interesante ver lo que paso alrededor, en lo previo: default de corredora BLD, una muy importante que daba fluidez a la Bolsa; otra corredora Guardatti Torti, también con propiedades en las torres, actores importantes. Ambas empresas hicieron público que una parte de sus problemas tuvo que ver con bonos que entraron en el reperfilamiento que Macri hizo después de perder las elecciones primarias (PASO), una parte de toda esa renta agraria paso al gran negocio que se había montado, la renta financiera (Leliq, bonos) que además iba destruyendo el aparato productivo. Esas empresas aceptan que les fue mal.”

No obstante, para Mangione esa no fue “la razón principal por la que cayó en default”, más allá de que “han apuntado a hacer otro negocio con la plata de la financiera y después tapar bache con plata del Banco Nación y otros acreedores”, por lo que “todavía falta explicar dónde está esa plata”.

Si Argentina se va a poner al servicio de intereses del comprador (hoy China el mayor), por más que genere divisas, y la va a estatizar para eso, arrancamos mal.

“Ni a la justicia paraguaya ni estadounidense ni argentina ni de Santa Fe le han podido explicar dónde están esos activos, ahí está una de las claves de esta discusión, para tener una dimensión de cómo se fue estructurando el agro. Hasta finales de 2018, (uno de los dueños de Vicentin Alberto) Padoán estaba monitoreando proyecto de crear el banco de la Bolsa de Comercio de Rosario, nada menos que el lugar donde buscaban concentrar toda la renta agraria sin que pase por otros bancos con el rol que también jugaban por su parte los mercados de futuros (Rofex)”, explicó.

Más opacidad

En ese sentido, Mangione destacó “la intervención de esta semana, muy importante, por parte del gobierno de Santa Fe” del puerto de Reconquista, ya que “sale a la luz que esta desde el año 99 concesionado a la empresa Vicentin y recién hoy, año 2020, nos enteramos que no hay ningún informe de actividad comercial para el estado”.

“Barcos que han cargado en esa zona no están registrados en ningún lado. No tenemos información como estado de lo que sucede en la principal vía comercial de América Latina, que es la hidrovía Paraguay Paraná, que además el año que viene se va a re-concesionar. Es feroz el debate para ver quién se queda con los negocios, no solo de Argentina, sino que es destino productivo de toda América Latina, ese es el debate del que no participa el estado”, consideró el cronista e investigador.

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Al poner de relieve el contexto argentino y global, Mangione señala a los mencionados como “puntos clave del debate” en miras de “no repetir la lógica que impera en el mercado”.

No debe ser una copia de estas agroexportadoras pero estatal, debe tener otros objetivos, industrialista, sociales, alimentarios.

“Si Argentina se va a poner al servicio de intereses del comprador (hoy China el mayor), por más que genere divisas, y la va a estatizar para eso, arrancamos mal. El principal comprador de granos, la principal empresa que compró y vendió es Cofco. Del estado chino. Con lo cual responde a las lógicas y las necesidades claramente del estado chino, no argentino. En ese sentido son preocupantes algunos proyectos, que no terminemos en una reprivatización de empresas”, sostuvo.

Lo posible y lo necesario

Por último, de cara al futuro puntual de Vicentin y la disputa judicial pero sobre todo política abierta en torno a la compañía del norte santafesino, Mangione cree antes de hablar de exprpiar, lo primero es “recuperar la intervención” porque “hoy la empresa está en manos de los mismos directores denunciados”, y así “lograr que el estado pueda conocer en profundidad números”. Una vez resuelto eso, dijo que la expropiación “no solo es posible sino necesaria”.

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“Este debate tan importante se debe dar de cara a la sociedad, no solo un núcleo judicial con (el juez de Reconquista Fabián) Lorenzini a la cabeza, sino con participación de todas las fuerzas parlamentarias, en un debate profundo porque hace a la esencia de qué tipo de país podemos construir. Y no debe ser una copia de estas agroexportadoras pero estatal, debe tener otros objetivos, industrialista, sociales, alimentarios. Argentina marcha hacia la crisis más importante de su historia, como el mundo. No es ni más ni menos que definir qué poder tiene un estado para definir sus propias políticas. Y esto no solamente pasa en Argentina ni con gobiernos progresistas”, concluyó.