Por Aldo Battisacco -Enviado especial a Buenos Aires – El presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, cerca de Cipolletti, en el Alto Valle de Río Negro, Carlos Zanardi, dijo tras la reunión con diputados que «cada 10 pesos de costo, 6 son para el gobierno en impuestos».

El productor contó que luego del frutazo que se realizó en Plaza de Mayo con motivo de la Emergencia, participó de «una reunión de comisiones de Economías Regionales y de Presupuesto y Hacienda en Diputados, para tratar la emergencia económica, que fue aprobada en el recinto».

Así, la Cámara baja convirtió en ley este miércoles por unanimidad una nueva prórroga de la emergencia económica, productiva, financiera y social para la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, «a pedido de los sectores de la fruticultura», dijo Zanardi.

El dirigente ruralista manifestó que también se reunieron con «bloques de la oposición y posteriormente con diputados de Cambiemos, liderados por Lorena Matzen» con la intención «de reivindicar la creación del Instituto de la Pera y la Manzana».

En dialogo con Conclusión el productor afirmó que “perciben por la fruta menos de la mitad de lo que les costó producirla”, y advirtió que en 2019 podrían «perder unos 3.000 millones» porque «300.000 toneladas de fruta quedarían sin cosechar por falta de recursos».

Para dar una idea de lo que sucede en el Alto Valle. el dirigente ruralista aportó que en 2012 «los valles de Río Negro y Neuquén producían 1.900.000 toneladas de fruta», y  reveló que en esta temporada «no se llega al millón de toneladas”.

Según Zanardi, quien produce frutas está «obligado a pagar 6 pesos de cada 10 que representa el costo para producirla, porque hay retenciones e impuestos que paga el sector».

«En números le agregamos que las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado que gravan a la pera y a la manzana, significan un tributo de 12% para el exportador, pero equivale a un descuento del 35% que se carga al precio de la fruta para el productor», explicó.

Respecto de la responsabilidad de las políticas económicas del Estado Nacional y provincial en el impacto que recibió el sector, el presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, dijo ambos deberían «contribuir un aporte no reintegrable de 1,50 pesos por kilo para acompañar la campaña en curso, porque ambos son responsables de lo que está ocurriendo con la fruticultura”.

Además dijo que el reintegro que recibía el Valle, históricamente fue del 10%, ha caído a fines del año pasado a 4,75%.

Por lo pronto, la iniciativa sancionada en Diputados, el miércoles pasado establece que la AFIP formulará convenios de facilidades de pago para la cancelación de obligaciones, con tasas de interés de hasta el 1% mensual.