Por Nabih Yussef*
Son las 8 de la mañana y el gobernador Miguel Lifschitz se prepara para salir de la Casa de Gobierno hacia Reconquista para un acto por Malvinas.
En los pasillos de la Casa Gris cruza a Pablo Farías, su mano derecha, que lo pone al tanto de sus reuniones de la semana. Lifschitz sabe que tiene que asistir a la ceremonia, pero la cabeza se encuentra en otro lado. El gobernador sigue de cerca el trabajo de su equipo político que tiene una sola orden: encontrar los aliados para modificar la Constitución provincial y así habilitar la reelección.
La estrategia de Lifschitz respeta la tradición pragmática de sus predecesores. Un partido socialista que en sus mejores momentos supo contener las ambiciones de la Casa Rosada en su territorio, al tiempo que acumulaba capital político fronteras adentro. La táctica fue siempre bifronte, negociar “arriba” para apretar “abajo”. Sin confrontar con Nación, Lifschitz reconoce públicamente ser “el gobernador con mejor asistencia a las convocatorias que hizo el Gobierno nacional”.
La firma del ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, es una de las más cotizadas. Sin ella, la provincia no puede participar de los mercados financieros internacionales. Recursos que necesita el gobernador para transformarlos en gasolina política, ya que son precisamente los fondos de la provincia el instrumento de intercambio político que utiliza la Casa Gris para seducir a los legisladores e intendentes a cambio de barrer con la cláusula 64 que restringe la reelección del Ejecutivo.
La militancia del Socialismo acata la decisión de arriba. Después de que el presidente del PS accediera a prestar colaboración sin poner en juego su capital político, Antonio Bonfatti arregló una entrevista con un medio local para pedir públicamente “actualizar la Constitución”. Con esta señal, partido y Estado provincial confluyeron al unísono en abrir un debate que parece tener poca empatía social con las preocupaciones que figuran en la agenda de la ciudadanía.
El peronismo divide sus posiciones
Lifschitz se hace fuerte allí donde el peronismo no presenta unidad de criterio. Los interlocutores de los distintos espacios del PJ han adoptado distintas posiciones. El diputado provincial Luis Rubeo, es el aliado más fuerte del PS para reformar la Carta Magna. “El peronismo siempre tuvo vocación reformista”, dispara toda vez que es consultado por la reforma. Los senadores provinciales Armando “Pipi” Traferri (San Lorenzo) y Danilo Capitani (San Jerónimo) negocian el precio de apoyar la reforma y asisten puntuales a los agasajos de la Casa Gris.
Mientras que el diputado nacional Marcos Cleri, líder de La Cámpora en la provincia, esfuerza una respuesta ceñida en lo legal toda vez que es consultado por su posición política frente a la reforma.
Quien ha anticipado con mesura que no apoyará al gobernador en su estrategia reeleccionista es el espacio del senador nacional Omar Perotti. El diputado provincial Roberto Mirabella, fue el encargado de tomar distancia y plantear una propuesta superadora. Se trata de una consulta popular vinculante durante el proceso electoral de 2019, que permitiría ahorrar los recursos públicos que se comprometerían en dos elecciones, al tiempo que ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre el proceso institucional.
“La decisión de reformar o no la Constitución debe ser tomada por la gente y no por los dirigentes”, sostuvo. En un mismo tono, el espacio de la “Corriente de la Militancia”, a través del diputado provincial Leandro Busatto, manifestó su negativa a plegarse a la iniciativa del gobernador.
Los tres radicalismos
El radicalismo responde al pedido del gobernador conforme sus alianzas políticas previas. El vice gobernador, Carlos Fascendini acompaña el deseo de Lifschitz con un radicalismo desdibujado en el Frente Progresista. Mientras que en las antípodas de Fascendini, el intendente de Santa Fe, José Corral, manifestó categóricamente que “no es momento de reformar la Constitución”. El radical pro, no ve con buenos ojos el intento del socialismo en cambiar las reglas del juego político en un contexto próximo a las elecciones para lagobernación.
Quien parece adoptar una respuesta individual fuera de los dos espacios de la UCR, es el actual embajador Mario Barletta. Alejado del Frente Progresista y aislado de la alianza con el PRO, el ex intendente de Santa Fe viajó desde la sede diplomática en Uruguay para “sacarse una foto” de alto voltaje político junto con el gobernador. Con dificultades para participar de la política local, la oportunidad de la foto le permitió a Barletta descomprimir su mensaje político asegurándose de estar bajo el prisma de los medios santafesinos. Se mostró indiferente a los pedidos del Jefe de Gabinete Marcos Peña, de no torpedear al radicalismo de Corral, y redobló la apuesta haciendo públicas sus intenciones de competir por el sillón del Brigadier López.
El PRO anticipa su negativa
El espacio del presidente Mauricio Macri en la provincia, es quien ha manifestado con mayor homogeneidad su negativa a reformar la Constitución. Atento a los buenos modales de la política, sus interlocutores replican la necesidad de centrarse en asuntos más importantes y no comprometer las energías del Estado provincial en mover tamaña empresa. El intendente Corral ha anticipado su negativa, mientras que el presidente del PRO santafesino, el diputado provincial Federico Angelini, subrayó la necesidad de “ocupar el 2018 en la gestión”, cerrando todo diálogo a la reforma de la Carta Magna.
Finalmente un grupo heterogéneo de presidentes comunales con un mandato incómodo de dos (2) años, son utilizados por el gobernador como otra excusa política para modificar la arquitectura institucional de la provincia. Sin embargo, el poco peso específico de estos dirigentes, hacen que la enorme estructura del Ejecutivo provincial de por descontado su neutralidad política en la estrategia por reformar la Carta constitucional.
Manotazos de ahogado
La decisión de la cúpula socialista de ir por la reforma constitucional, es un intento de supervivencia política en el escenario provincial. El socialismo ha visto retraído su peso específico en las alianzas políticas nacionales y pretende conservar su “pago chico”. Los magros resultados electorales de las pasadas elecciones, apuran a Lifschitz en ofrecer una propuesta alternativa a las bases.
Después de ponerse al frente en la fallida campaña de Luis Contigiani, el gobernador se encuentra esperanzado en revertir los números del socialismo haciendo una buena performance en unas eventuales elecciones constituyentes.
Pero incluso, de llegar a cerrar con los senadores del PJ una reforma constitucional ¿qué garantiza al gobernador que su espacio político obtendrá la victoria en el proceso abierto?, nada. Mucho menos si se tiene en cuenta la poca energía política que desde el gobierno se pone en resolver los problemas de inseguridad urbana o los descontrolados aumentos de las tarifas de luz, que según la Multisectorial de Rosario, han implicado el cese de actividades de alrededor de sesenta (60) comercios.
Con el termómetro alejado de la temperatura social, el gobierno apuesta todo a una reforma constitucional que se cuela como mantra de todas las soluciones. De conseguir los votos que necesita en el Senado provincial, el socialismo abrirá una batalla electoral en un esfuerzo estéril por recobrar el caudal político perdido en estos años de niveles récord de violencia urbana y malestar social.
Si no se pone coto a los caprichos de la Casa Gris, Santa Fe abrirá un proceso institucional muy serio de la forma más vulgar: modificando una Carta Magna en un contexto donde la máxima atención de la ciudadanía se encuentre puesta en el mundial de futbol. ¡Santafesinos a las cosas!
*Licenciado en Relaciones Internacionales y director del Consejo de
Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org
