El diputado Brügge exigió audiencia pública ante el intento de modificar la ley de glaciares
El legislador reclamó , junto a otros diputados y diputadas del Bloque Provincias Unidas, que el Congreso garantice la participación ciudadana antes de avanzar con cambios en la norma que protege los glaciares. Advirtió que cualquier reforma debe respetar la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina
En medio del debate por la modificación de la Ley 26.639, el diputado nacional Juan Fernando Brügge constitucionalista y profesor universitario, tomó protagonismo al firmar y respaldar un pedido formal para que el Congreso convoque a una audiencia pública previa al tratamiento del proyecto.
La iniciativa, identificada como Expediente 0072-S-2026, propone cambios en la norma que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. Frente a esa posibilidad, Brügge y otros legisladores solicitaron a las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales que abran el debate a la sociedad antes de emitir dictamen.
En la nota enviada a las autoridades parlamentarias, el legislador recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional impone a las autoridades el deber de proteger el ambiente, y que la Ley 25.675 garantiza el derecho de toda persona a ser consultada en procesos que puedan generar efectos ambientales significativos.
Brügge señaló que el país también está obligado por el Acuerdo de Escazú, aprobado por la Ley 27.566, que exige instancias de participación abierta, inclusiva y temprana cuando se trata de decisiones con posible impacto ambiental.
“Cuando se discuten presupuestos mínimos de protección ambiental, no puede haber atajos”, sostienen desde el entorno del diputado cordobés. La preocupación radica en que la reforma podría implicar una reducción de los niveles de protección actualmente vigentes, lo que —según advierten— obligaría a extremar los recaudos institucionales.
En ese marco, Brügge defendió la convocatoria a una audiencia pública como herramienta para fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica del proceso legislativo. “No se trata solo de un trámite formal, sino de garantizar que la ciudadanía, las organizaciones ambientales, las provincias y los especialistas puedan expresar su posición”, señalan cerca del legislador.
El referente nacional de la Democracia Cristiana busca consolidar un perfil centrado en el respeto institucional y la defensa del ambiente como política de Estado.
En caso de prosperar el planteo, el Congreso abrirá una instancia clave para una de las normas ambientales más sensibles del país. Mientras tanto, el diputado de Provincias Unidas y referente de la Democracia Cristiana ya fijó posición y se erige como uno de los impulsores del debate público en torno a la ley de glaciares