Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – La discusión sobre la ley de góndolas cobró nuevos brios, se reunió un plenario de comisiones en el anexo de la Cámara de Diputados la semana pasada y obtuvo- dictamen dividido. La discusión se dio alrededor de tres proyectos impulsados por Elisa Carrió, Juan Grabois, que hizo presentar su proyecto por el diputado mendocino José Luis Ramón, y Sergio Massa . También hubo iniciativas de los legisladores Alfredo Olmedo, Adriana Nazario y Juan Cabandié.

En el Reino Unido y en España existe un Código de buenas prácticas comerciales, en el que abrevaron distintos proyectos, sin embargo las cosas se muestran muy distintas a la hora de reparar cual es la participación de las grandes cadenas en el comercio minorista. Máxime, si se tiene en cuenta -a titulo de ejemplo- que la francesa Carrefour tiene 19 bocas de expendió de las cuales 16 están en Buenos Aires. A esto se le agrega el tipo de práctica comercial que desarrolla y su remanida idea del «libre comercio», que interpone en todo momento para evitar las regulaciónes.

Quien primero manifestó su descontento fue el empresario nacional Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y de la marca Marolio, que realizó un fuerte crítica de las grandes cadenas que abusan de su rol predominante y monopolizador dentro del mercado. Su propuesta fue tomada por el dirigente social Juan Grabois y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que impulsaron la partiipación de los sectores de la economía social o popular -como la agricultura familiar- que concitó la adhesión de  consiguieron también de empresarios nacionales y pymes. La iniciativa tuvo la voz cantante en el a Cámara baja del diputado de Mendoza José Luis Ramón.

En diálogo con Conclusión, el legislador cuyano, refirió que más allá de la cantidad de marcas se encuentra una o dos empresas por rubro que intervienen en el mercado y mantienen altos precios, que es una forma de controlar».

Si bien se busca abarcar a todas las cadenas de supermercados que comercializan productos alimenticios, junto a los proveedores y generar competitividad en el precio de los productos en beneficio del consumidor, evitar distorsiones en los precios, y ampliar la oferta de productos regionales y artesanales, muchos sostienen que la inflación golpea fuertemente al fabricante o productor pequeño que se ve obligado a abandonar la actividad, por los costos que le impone la política económica que instauró el gobierno nacional. Tarifas y tasas bancarias que impiden financiamiento se lleva la mayor de sus preocupaciones.

Para Ramón, está claro que el oficialismo no colabora con un proyecto que contempla la participación de distintos actores del mercado, «el mercado es para unos pocos», porque «no se propone regular porcentuales de participación en las góndolas de las bocas de expendio».
La exposición del diputado José Luis Ramón en el plenario de comsiones: