Un video, registrado en abril y julio de 1996, y en que el que se ve al ex juez federal Juan José Galeano ofreciendo al reducidor de autos Carlos Telledin, un pago para que sindique a cuatro policías bonaerenses como receptores de la Trafic que habría sido usada en el atentado contra la AMIA, será una de las pruebas claves del juicio que se iniciará el jueves próximo.
La negociación quedó plasmada en la declaración indagatoria de Telledín del 5 de julio de 1996, en la que aseguró haber entregado la camioneta a los policías Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro, quienes fueron detenidos y pasaron ocho años y medio en prisión preventiva hasta que fueron liberados.
En el video también se ve a Galeano mostrando las fotos de los policías para que el reducidor de autos -ahora abogado- los señale aun cuando en el expediente nunca se probó que el vehículo hubiera pasado por sus manos.
Los 400 mil dólares
Para la fiscalía, el pago de 400.000 dólares provistos por la SIDE y entregados por una agente a la mujer de Telleldin, “fue la culminación de una actividad irregular del Estado dirigida a ‘esclarecer’ el caso y sancionar responsables, más allá de lo realmente acontecido”.
Galeano será juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal por las dos causas que se ventilarán unificadas, y en las que también están acusados el ex presidente Carlos Menem y el entonces titular de la Side, Hugo Anzorreguy.
Entre los trece imputados por haber participado de una u otra manera en las maniobras para fraguar y ocultar pruebas sobre el ataque que costó la vida de 85 personas, están además el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y el reducidor de autos Carlos Telleldín.
Al ex juez se le imputan decenas de delitos para la concreción del
desvío de la pesquisa de la llamada “pista siria” y por el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses con el fin de mostrar un logro en el segundo aniversario de la explosión de la bomba.
En el 2004, tras liberar a cuatro policías falsamente acusados, la justicia anuló el juicio, apartó a Galeano de la causa y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que lo destituyó tras un jury de enjuiciamiento, hace ahora diez años.
Posible condena efectiva
Galeano está imputado por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba, y si se suman las penalidades, tal como pidió el fallecido fiscal Alberto Nisman, el primer juez encargado de investigar el atentado podría terminar con una condena de prisión efectiva.
También enfrenta cargos por peculado y cuatro privaciones ilegales de la libertad contra los policías falsamente acusados, maniobras para las cuales contó con la complicidad de los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, quienes también fueron destituidos y estarán en el banquillo de los acusados.
Aún no se sabe qué duración tendrá este juicio en el que declararán 140 testigos, empezando por los familiares de las victimas que ya han expresado sus expectativas favorables a que los culpables del encubrimiento sean condenados.
