La publicación del Decreto 395 en el Boletín Oficial confirmó que se podrá analizar cada paso de la investigación desde el estallido de la mutual judía

El Gobierno oficializó hoy la desclasificiación de los archivos de la causa AMIA, a partir de la
solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA.

La respuesta se da a partir del pedido cursado al Poder Ejecutivo el 11 de marzo de este año en relación a la Causa N° 8.566, suscripto por los titulares de la UFI: Roberto Javier Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini.

La desclasificación de los documentos, se dio a conocer mediante, el decreto 395/2015 firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Gabinete Anibal Fernández, publicado hoy en
el Boletín Oficial.

Según dicha norma, la desclasificación abarca la «totalidad de la documentación que fue remitida en custodia a la referida UFI mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación «R» N° 119/05, Código de Seguridad N° 538″.

Además, abarca la «documentación adicional» seleccionada en el ámbito de la «Unidad de Relevación de Información de la ex Secretaría de Inteligencia».

El decreto también dispone remitir «cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación».

Atento lo anterior, a la solicitud de la Unidad Fiscal, que entiende que “teniendo en cuenta que desde la remisión del material aludido han transcurrido diez años, le solicitamos que, en caso de que en el ámbito de la entonces Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación se hubiera incorporado nueva documentación, informe o archivo que no hayan sido aportados oportunamente a la causa y que pudiera resultar de interés para esta investigación, se proceda a su desclasificación y posterior remisión a esta sede”.

Asimismo, se instruye a la Agencia Federal de Inteligencia para que remita a la UFI la documentación adicional que oportunamente fue seleccionada.

Dentro de los considerandos, el decreto manifiesta que el pedido de los fiscales apunta a «desclasificar la totalidad de la documentación que oportunamente fue objeto de consulta en el marco de la Unidad de Relevación de Información, la cual fue remitida—»en custodia»— a esta Unidad mediante la Resolución SI «R» N°119/05, código de seguridad N° 538, con el fin de garantizar el pleno acceso de las partes a dicha documental».

Al respecto, Aníbal Fernández, en declaraciones formuladas al ingresar a la Casa de Gobierno, explicó que se trata de «un decreto más amplio para que se vea exactamente todos los elementos con los que se contaba», en la causa.

De inmediato, agregó que «esa desclasificación se hizo hace muchos años en cabeza de quien tenía que investigar prima facie, que era el fiscal (Alberto) Nisman, para todos aquellos que tenían
la oportunidad de acceder a esa documentación». 

Por último, pidió «que no haya nadie que dude que la información existente ha sido decididamente preocupante para el gobierno, que ha tenido por vocación siempre que dejara de ser secreto, algo que
nos importaba a todos por lo delicado de la situación y por los  21 años que está llevando del atentado sin respuesta de ninguna característica».

La Unidad Fiscal AMIA anunció que a partir de la desclasificación que el Poder Ejecutivo realizó de documentación vinculada a la investigación del atentado, las partes de la causa podrán tener acceso a la
misma.

En enero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había ordenado al titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, que brindara colaboración a la jueza Servini de Cubría desclasificando información relacionada a la investigación del atentado a la AMIA, dando así cumplimiento al pedido solicitado por el fiscal especial de la causa, Alberto Nisman, antes de muerte.

A través de una nota oficial de la Secretaría de Inteligencia (SI), Parrilli había notificado a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que, por “expresa instrucción de la Presidenta de la Nación” autorizó desclasificar la información de inteligencia solicitada por Nisman al realizar su denuncia vinculada a la Causa AMIA y vinculada a la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se oficializa la orden de la Presidenta.