El Gobierno exige que se recuperen las clases que no se dictan en las universidades en reclamo de financiamiento
Gremios docentes y no docentes decretaron paro desde este lunes hasta el jueves inclusive en pedido del cumplimiento de la ley de Financiamiento aprobada en el Congreso hace seis meses.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades se sigue intensificando, y la solución parece cada vez más lejos. En una nueva semana de paro de las casas de estudio, el Gobierno nacional exigió que se recuperen las clases perdidas por los paros de los gremios docentes y no docentes.
Este lunes, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de Universidades Nacionales a que informen las medidas que tomaron para asegurar el “derecho de los estudiantes que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.
La cartera observa con “extrema preocupación” la suspensión de la actividad académica que se registra en universidades de todo el país.
Por ello, se requirió a los rectores que informen un “plan de contingencia” y pidieron una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza, como herramientas virtuales o reprogramaciones.
La situación “reviste de especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos”, señaló el Ministerio, y aseguró que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige como condición necesaria la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.
Paro en reclamo de presupuesto
Los gremios docentes universitarios resolvieron profundizar el plan de lucha en reclamo por la situación salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
Entre las medidas anunciadas, se destaca un paro total de actividades durante toda la semana del 27 de abril, así como la participación en una marcha federal universitaria prevista para el mes de mayo.
Desde los sectores docentes señalaron que el Poder Ejecutivo acumula 181 días sin cumplir la normativa, equivalente a seis meses desde su ratificación. La ley había sido votada por el Congreso, posteriormente vetada por el Gobierno y luego ratificada con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. A esto se suman fallos favorables en primera y segunda instancia del Poder Judicial, que respaldan su vigencia.
