El Gobierno estableció este jueves una asistencia económica por $10.500 millones para las empresas de transporte público urbano y suburbano del interior del país, con el fin de garantizar el servicio.
A través de la Resolución 263/2022 del Ministerio de Transporte, que fue publicada en el Boletín Oficial, se aclaró que el monto es para cubrir el segundo trimestre de 2022 y se suma a los $9.600 millones abonados durante el primer trimestre del año.
En este segundo trimestre, la asistencia se brinda a razón de $3.500 millones por mes durante abril, mayo y junio.
>>Te puede interesar: Santa Fe: los pasajes interurbanos aumentaron un 20% a partir de mayo
Para fin de 2022, el auxilio financiero alcanzará los $46.000 millones, un 65% más que en 2021, anticipó el Ministerio.
El monto a desembolsar en este segundo trimestre alcanza a la totalidad de las provincias del país y los convenios se firmarán entre el Ministerio de Transporte de la Nación y cada una de las jurisdicciones, “quienes se comprometen a continuar transfiriendo los montos a las empresas que prestan los servicios”, según puntualizó esa cartera.
La asistencia se brinda a través del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, creado por la Ley N° 27.467.
>>Te puede interesar: La UTA advierte que irá a un paro de 72 horas si no logran un acuerdo en la conciliación obligatoria
En tanto, las jurisdicciones provinciales y/o municipales beneficiarias del Fondo “deberán continuar aportando al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea mediante transferencias a las empresas prestadoras de los servicios o, en su caso, a la jurisdicción municipal que así se lo hubiera requerido”, según el texto oficial.
Las transferencias deberán ser efectuadas por la jurisdicción provincial y/o municipal dentro de los dos días hábiles contados desde la acreditación de los fondos, con destino a las empresas que les indique el Ministerio de Transporte, explicó la Resolución.
Para el Poder Ejecutivo, es “central que se garantice un servicio de transporte público seguro y eficaz en todo el país”.
