A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional extendió hoy, hasta fin de año, la eximición del pago de contribuciones patronales para los colegios de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, con el fin de evitar un aumento en los precios de los aranceles.

No obstante, según adelantó a Conclusión Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, están analizando el decreto porque «puede ser una forma de flexibilización laboral».

«Lo estamos analizando porque para nosotros eso es una forma de flexibilización laboral, siempre evitar que los patrones hagan aportes patronales es una forma de flexibilización laboral, pero estamos discutiéndolo nacionalmente para poder tener una postura uniforme«, anticipó.

Según el texto oficial -firmado por el presidente Mauricio Macri y todos sus ministros- suspende «desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial».

En junio de 2001, el ex presidente Fernando de la Rúa estableció una alícuota de contribuciones de entre el 16 y el 20%para los establecimientos educativos privados, según se categoría.

Esa decisión fue prorrogada sistemáticamente en los últimos 16 años.

Ahora, el Gobierno justificó la nueva prórroga al señalar que la aplicación de las contribuciones patronales «provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país».

«Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos», resaltó.

Para el Poder Ejecutivo, «la aplicación del Decreto N° 814/01 en las instituciones educativas privadas produciría un efecto contrario a este objetivo de la política nacional, gravando a quienes brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de las actividades que no ven incrementados sus costos, lo que hace necesario dictar la presente norma para corregir el efecto no deseado de aplicar a este sector ese decreto».