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El Gobierno de Santa Fe reglamentó en las últimas horas seis artículos de la ley que estableció la creación del «Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos». La intención de esta medida es limitar los robos de cables de servicios públicos, como también elementos de cobre de dispositivos de seguridad de medidores de empresas y viviendas particulares.
El proyecto había sido sancionado por la Legislatura en marzo pasado, con la finalidad de crear el mencionado registro, al que deberán inscribirse «las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos».
La normativa aprobada en marzo pasado tuvo como autores a la diputada provincial Lionella Cattalini (Frente Progresista Cívico y Social) y su par Oscar Martínez (Frente Renovador 100% Santafesino), que trabajaron conjuntamente en busca de la creación de un Registro Provincial de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos.
Tal como se reglamentó, el nuevo registro funcionará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, chatarrerías, comercio de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables (RE.DE), que a la vez depende del Ministerio de Gobierno, y está a cargo del exintendente de Carcarañá Mauro Decándido.
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Cabe resaltar que también quedó reglamentado el accionar correspondiente a la inspección, control y eventuales clausuras de los locales que expongan irregularidades. La definición del Poder Ejecutivo apunta a que sea el propio Ministerio de Gobierno -autoridad de aplicación-, pero con base en la mesa de coordinación interinstitucional nombrada en el artículo 12 de la ley. Igualmente, personal de la RE.DE efectuará operativos en conjunto con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.
«La presente ‘Mesa de Coordinación’ será presidida por la Autoridad de Aplicación, la cual deberá convocar para su composición a representantes de los tres poderes del Estado Provincial, a las dependencias del Estado Nacional que por sus funciones contribuyan al objeto de la presente ley, y a empresas públicas o privadas prestadoras de servicios públicos», especifica la normativa.
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Aun así, la reglamentación marca que la mesa de coordinación interinstitucional tendrá representantes de los ministerios de Gobierno, Seguridad y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, aunque con dirección de la RE.DE, que fijará a propuesta de los integrantes de la mesa las acciones específicas y responsabilidades de los organismos que la conforman. Además considera la posibilidad de convocar a legisladores provinciales y otros ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado Provincial, así como también a integrantes del Poder Judicial, intendentes, presidentes comunales y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, la reglamentación instruye al Ministerio de Gobierno a celebrar convenios con organismos especializados, universidades públicas y privadas y asociaciones de la sociedad civil para realizar de manera conjunta actividades, capacitaciones y proyectos que tengan como objeto concientizar y contribuir a la prevención en la comisión de delitos contra la propiedad cuyo objeto sean los materiales no ferrosos.
El proyecto que aprobó el Senado en marzo pasado:
