La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó este jueves un paquete de iniciativas que apuntan a mejorar las herramientas disponibles para combatir la ola de violencia que azota al territorio santafesino y a Rosario en particular.
Entre otros asuntos tratados en la sesión de este jueves, el Senado dio sanción definitiva a un proyecto de la diputada provincial Lionella Cattalini (Frente Progresista Cívico y Social) y su par Oscar Martínez (Frente Renovador 100% Santafesino) que crea un Registro Provincial de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos.
La normativa tiende a aportar una herramienta más para combatir la problemática del robo de cables. Para esto, será obligación que se inscriban en el registro «las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos».
Registro de acopiadores de metales no ferrosos by Conclusión TV on Scribd
Por otra parte, se dio media sanción al proyecto que propone modificaciones a la Ley 12.734 Código Procesal Penal de Santa Fe. La propuesta remitida por la Cámara de Diputados fue modificada por el Senado e impulsa cambios en los artículos 219, 220 y 221 de dicha normativa.
El texto retornó en revisión al la Cámara de Diputados y, en caso de aprobarse definitivamente, los jueces deberán dictar prisión preventiva cuando en «el hecho investigado se haya utilizado arma de fuego sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición, o en caso de portación o tenencia ilegítima de armas de fuego».
Dicho más sencillo: aquel que sea encontrado portando un arma de manera ilegítima, podrá terminar en prisión preventiva gracias a las modificaciones aprobadas este jueves.
Ante este tema, los presidentes de todas las bancadas que integran el Senado provincial mostraron consenso y plantearon expectativas en que los legisladores de la Cámara baja acepten los cambios que incorporaron en el texto que ahora les devuelven. El senador Lisandro Enrico (UCR-General López) explicó que aceptar la norma tal como la recibieron hubiese implicado en lo práctico nulas modificaciones en los procedimientos penales.
Reforma del Código Procesal Penal – Tenencia ilegítima de armas by Conclusión TV on Scribd
«Esperamos contribuir a que los violentos no estén en la calle sino presos”, resaltó Enrico al fundamentar el respaldo a la aprobación de este jueves.
Por su lado, el senador Raúl Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) indicó que «si el derecho no sirve para atender la realidad de un lugar determinado, no sirve para nada» y señaló que actualmente «existe una realidad que debe atenderse con leyes que permitan que los santafesinos y las santafesinas puedan salir tranquilos a la calle».
A su turno, Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) agregó que este proyecto busca «representar el pensamiento de los santafesinos».
En esta línea, la Cámara de Senadores definió invitar al ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, para que exponga sus consideraciones del proyecto de Emergencia remitido por el gobernador Omar Perotti a la Legislatura. La idea es conseguir una extensión de esa herramienta por un plazo mayor al 11 de diciembre con el fin de posibilitar que la próxima gestión provincial pueda actuar con ese marco de respaldo.
Violencia familiar
Durante la misma jornada, pero en otra Cámara, los diputados provinciales dieron media sanción a una iniciativa del legislador provincial Oscar Martínez que tiende a modificar el Código Procesal de la provincia de Santa Fe para que las personas que violen restricciones perimetrales en un contexto de violencia de género y/o familiar sean pasibles de recibir prisión preventiva.
«Todos los días tenemos noticias de hechos de violencia familiar en los que lamentablemente muchos tienen como resultado la muerte de la o las víctimas. Y nuestra provincia está entre las primeras en este tipo de casos. Desde el inicio de mi mandato vengo planteando en el seno de esta Cámara que debemos hacer la parte que nos toca para contribuir a la solución de los problemas que lastiman y laceran nuestro tejido social», señaló Martínez al argumentar el impulso de este proyecto.
«Debemos proponer y sancionar las herramientas legislativas que contribuyan a dar soluciones y que se manifiesten como deberes a los operadores del sistema judicial que son- en definitiva- quienes aplican las leyes por nosotros sancionadas», agregó.
Y acentuó: «Cada vez son más los casos en que previo al hecho que termina con la muerte de la víctima se dieron una serie de pasos previos en los que a pesar que el sistema judicial ya intervino y tuvo conocimiento de la situación de violencia no pudo evitar que el hecho trágico finalmente acaeciera. Amenazas, lesiones y violaciones de las medida cautelares de restricción y exclusión de acercamiento a las víctimas configura el libreto de esta obra con final anunciado. Tenemos que ser capaces de recuperar el sentido común y darle las herramientas a los operadores judiciales para que puedan actuar con rapidez y conforme a derecho».
