Vanesa fue una docente asesinada luego de haber denunciado el abuso de una de sus alumnas, una nena de 12 años, que estaba embarazada víctima de un abuso intrafamiliar.
Hoy, una Ley Provincial obliga al agente estatal a hacerse cargo bajo apercibimiento de sumario administrativo si no lo hace, de intervenir e iniciar los protocolos de actuación cuando es anoticiado de la vulneración de algún derecho de los menores. Sin embargo, una vez iniciado el protocolo, no hay ningún tipo de protección hacia el/la trabajador/a, ni resguardo de su identidad, aun cuando denuncian amenazas o exigen un traslado. Tienen que agotar sus licencias ordinarias para evitar concurrir a los lugares de conflicto.
En relación a esto, Conclusión dialogó con Silvia Castillo, hermana de Vanesa, quien explicó que esta convocatoria tiene como objetivo “es sumar a la comunidad a la discusión de esta propuesta de nueva ley provincial e integral de protección de las infancias y protección de los adultos que intervienen en el develamiento de la vulneración de los derechos del niño”.
“El objetivo de la convocatoria es contarle el proyecto que estamos armando, sumarlos a participar, lo que buscamos es que la comunidad se sume en general y en particular los medios porque esto es en defensa de la vida de los trabajadores del estado que son los que están obligados a intervenir por ley en estos procesos. La idea es que nos acompañen el 8 de mayo en la audiencia pública en la legislatura que es cuando se presenta el proyecto, visibilizar esta problemática de abuso sexual infantil, de la que también fue victima mi hermana Vanesa Castillo y a partir de ahí empezar a construir este proyecto proponiendo soluciones a la problemática justamente” continuó la hermana de la docente asesinada por este caso.
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Al consultarle sobre quien impulsa este proyecto, Castillo dijo que “este proyecto es impulsado por un grupo de personas que decidimos armar una asociación civil que se llama Democracia Directa y desde ahí estamos impulsando e invitando a todos los gremios, especialmente al de AMSAFE porque Vanesa era docente y murió en cumplimiento de su tarea docente, pero es una discusión multisectorial porque estamos hablando de todos los trabajadores del Estado”.
Sobre las repercusiones del caso Vanesa en la comunidad de trabajadores estatales, Castillo explicó que “el caso de Vanesa, ademas de develar un abuso infantil cuando estaba viva, nos ha develado un montón de cuestiones del tratamiento que reciben las victimas, de la falta de protección en la que se encuentran los agentes del Estado, del tratamiento que reciben las causas de abuso sexual en la justicia, por eso es que nosotros hablamos de una ley integral”.
Por su parte la abogada de la familia Castillo, Carolina Walker explicó la situación que los trabajadores estatales sufren al respecto de estas situaciones. Dijo: “la verdad que en este momento los trabajadores del Estado que tienen un involucramiento en los casos de abusos sexuales o vulneraciones de derechos están bastante desprotegidos por parte del mismo Estado, no existe una articulación, si bien existen normas que se aplican, lo cierto es que en los casos concretos quedan a la deriva como sucedió con Vanesa: ella el 14 de noviembre activa un protocolo y el 1 de diciembre fue citada a declarar y a partir de allí queda a la buena de Dios, es decir, vuelve a trabajar al mismo lugar donde asistía la niña abusada sexualmente y precisamente en frente de la escuela vivía la familia”.
Los casos son reales y la situación de desprotección de parte del Estado es una carta común. “Y esto es lo que sucede con la mayoría de los agentes públicos estatales. Hoy existe un caso similar al de Vanesa y nosotros tuvimos que presentar una medida cautelar para que se proteja a esta persona, porque el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Niñez concretamente la hacía volver a trabajar al mismo lugar donde estaba siendo amenazada de muerte” explicó Walker.
Sobre la ley vigente en estos momentos, la abogada de la familia Castillo explicó que “concretamente lo que rige hoy por hoy es el decreto 2288 que no es suficiente para proteger a los docentes. Nosotros por eso planteamos una ley integral que tiene que ver no solamente con los docentes sino también con la protección de las infancias y de los niños vulnerados. Nosotros pensamos que debe estar sistematizado, que debe haber una protección de los niños vulnerados pero también debe haber una articulación con el Estado y la protección de los agentes que son obligados por ley de anoticiar esos casos”.
“Esperamos que esta jornada del 8 de mayo sea multitudinaria, que muchos trabajadores vayan y presten su testimonio y que sean los docentes que digan lo que tiene que decir esa ley para ser suficiente para proteger al docente y proteger al niño victima de abuso sexual que es en realidad el principal afectado por esta problemática” concluyó la letrada.
