El oficialismo de Diputados obtuvo dictamen mayoritario a favor del acuerdo con los holdouts

En el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el tratamiento de los acuerdos de conciliación celebrados entre Bainbridge Ltd. y el Estado argentino, así como también con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. Tras el debate, los legisladores emitieron dictamen favorable y dejaron el expediente en condiciones de ser tratado en el recinto durante la próxima semana.

Durante el encuentro expusieron ante los diputados el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, quienes expusieron sobre el alcance de los entendimientos alcanzados y defendieron la necesidad de avanzar con la aprobación legislativa.

En el mensaje del Poder Ejecutivo, se explica que “la iniciativa pretende crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas”.

Al abrir el encuentro, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, explicó que el acuerdo apunta a cancelar una deuda superior a los 362 millones de dólares y advirtió que existían amenazas de embargo sobre activos estatales, entre ellos acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, y precisó que el entendimiento contempla un pago de 171 millones de dólares a Bainbridge y otros 104 millones de dólares al grupo Attestor, mediante desembolsos acordados entre las partes.

Por su parte, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, sostuvo que “estos acuerdos están vinculados a dos litigios que llevan muchos años y corresponden a acreedores que no ingresaron a ninguno de los procesos de canje realizados”. En ese sentido, remarcó que se trata de “los últimos grandes grupos de holdouts que permanecen con reclamos abiertos” y señaló que todos contaban con sentencias firmes desde hace varios años y avanzaban en instancias de ejecución.

Stampalija sostuvo que, dado que las causas ya contaban con sentencia firme, resultaba necesario alcanzar una solución negociada. En ese sentido, defendió el entendimiento alcanzado al señalar que permitió una reducción significativa de la deuda reclamada.

Según detalló, en el caso de Bainbridge se logró una quita cercana al 30% del monto reclamado, mientras que con Attestor la reducción sobre el saldo alcanzó el 35%. “Creemos que son acuerdos muy beneficiosos”, afirmó, y aseguró que además permitirán desactivar nuevos intentos de embargo sobre activos argentinos.

El funcionario explicó además que, una vez aprobados los acuerdos, se abrirá un proceso administrativo y judicial para formalizar el cierre de los litigios. Indicó que el Estado contará con un plazo de dos días para notificar a los tribunales de Nueva York y que luego se iniciará una ventana de 30 días para ejecutar los convenios, mecanismo que contempla la entrega de los bonos por parte de los acreedores y la realización de los pagos correspondientes.

“Nos presentamos ante los tribunales de Nueva York y se perfecciona el acuerdo”, señaló Stampalija, quien agregó que los acreedores asumirán el compromiso de no iniciar nuevas acciones vinculadas con títulos anteriores al default. “Quedaría completamente cerrado este capítulo respecto de estos acreedores. Son los únicos holdouts con sentencia firme y estaríamos resolviendo este tema de manera definitiva”, concluyó.

Desde la oposición, la diputada Nacional, Sabrina Selva, cuestionó la exposición de los funcionarios del Ministerio de Economía durante el plenario de comisiones y sostuvo que no respondieron los planteos realizados por los legisladores sobre el alcance del acuerdo y el origen de los fondos comprometidos.

“Volvemos a encontrarnos con funcionarios que vienen al Congreso sin poder responder las preguntas que hacemos diputados y diputadas”, señaló, al reclamar mayor información sobre un desembolso que, según indicó, supera los 170 millones de dólares.

En ese sentido, cuestionó que no hubiera precisiones sobre «las partidas presupuestarias que financiarán el acuerdo» y advirtió que, de no existir otra fuente de recursos, el pago implicaría una salida directa de reservas netas del Banco Central.

La legisladora vinculó además el tema con el discurso oficial sobre el ajuste del gasto público. “El Gobierno sostiene permanentemente que no hay recursos para las universidades, para cumplir con la ley de financiamiento universitario o para atender la emergencia en discapacidad, pero sí aparecen fondos para pagarles a los fondos buitres”, expresó.