Conclusión Buenos Aires

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes avanzar en la elaboración de un informe con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de Coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño ya está concluida.

Así lo anunció la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), a pedido de su colega Rodolfo Tailhade, tras lo cual el oficialismo lo puso a votación y el FdT impuso su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.

Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es «ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».

La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado los temas por los cuales se investiga el accionar de los integrantes de la Corte Suprema en los casos del fallo 2×1 que benefició a un represor de la dictadura militar; el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura. También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

De esta manera, en la próxima reunión los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.

En su planteo, Tailhade sostuvo que «agotada la investigación propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que ellos si quieren hacer descargo lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de (Juan Carlos) Maqueda, que no hizo ningún comentario», tras las acusaciones que se le formularon por su accionar al frente de la obra social judicial.

«Estaríamos en condiciones de formular el planteo para que la Presidencia en la próxima reunión presente los cargos y pruebas para que se corran los cargos y se vote para que el martes ponga en consideración», aseveró el legislador del FDT.

En el caso de Maqueda y la obra social en junio pasado, si bien se lo había citado, el magistrado no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Por su parte, desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que su espacio no acompañaría esa votación y recordó que «hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados» y que «hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis».

«Queremos tener un poco más de certeza, sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca», afirmó el legislador de la CC.

Previamente, Gaillard precisó que se resolvió postergar a pedido de la Coalición Cívica, para el próximo martes 10 de octubre, la ampliación de la investigación en torno al supuesto «abuso de poder» contra el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, que ya había sido impulsado por la exdiputada Elisa Carrió, y que contará la próxima semana con la presencia de testigos.

El primero en exponer fue el secretario letrado de la Secretaría Judicial Número 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte, Gustavo Naveira de Casanova, quien ante una consulta de los diputados precisó que trabaja en el máximo tribunal desde el año 2018 y, afirmó: «No he recibido de ningún ministro un pedido de recusación por haber transcurrido más de 5 años, ni otro plazo, sólo del doctor (Carlos) Rosenkrantz».

 

Leopoldo Moreau le preguntó al testigo sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo.

El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.

“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.

En tanto, también declaró el periodista de El Destape Ari Lijalad, que investigó supuestos vínculos del juez Rosenkrantz con importantes empresas, donde hizo referencia a unos 56 fallos favorables a exclientes entre los cuales se encontraban Telecom, Artear, Multicanal, YPF, supermercados DIA y la empresa Piero y los cuatro dictados en favor de la provincia de Santa Fe y otros de Corrientes.

Lijalad fue citado por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape, y su colega Juan Alonso, por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.

“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista

Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.

En tanto, también declaró el periodista de El Destape Ari Lijalad, que investigó supuestos vínculos del juez Rosenkrantz con importantes empresas, donde hizo referencia a unos 56 fallos favorables a exclientes entre los cuales se encontraban Telecom, Artear, Multicanal, YPF, supermercados DIA y la empresa Piero y los cuatro dictados en favor de la provincia de Santa Fe y otros de Corrientes.

Lijalad fue citado por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape, y su colega Juan Alonso, por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.

“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.

Por su parte, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a laSegún Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”.

«Buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”

“Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”. Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.

“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.

“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.

La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.

El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.