Luego de la fuerte polémica que se desató en la Argentina por un protocolo de uso de armas de fuego dictado por el Gobierno nacional para las fuerzas federales de seguridad, el Papa Francisco fustigó hoy las «ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias» ordenadas en algunos países «con o sin pena de muerte legal».
«Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos», dijo el Papa, sin citar la situación puntual de ningún país.
El Papa Francisco se pronunció de esa forma al recibir en audiencia una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
El Pontífice lamentó este fenómeno «recurrente» y subrayó: «la legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro».
Así, «los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado.».
«Como consecuencia, todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin sólo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de Estado», agregó el Sumo Pontífice.
A principios de agosto, el papa Francisco inscribió por primera vez en el catecismo de la Iglesia Católica (libro de enseñanza oficial que contiene los principios de la fe) la oposición categórica a la pena de muerte y llamó a la Iglesia a comprometerse para abolir la pena capital «en todo el mundo».
El Papa llamó el lunes a los miembros de la ONU que decidieron respetar una «moratoria» de las ejecuciones capitales a que adopten la «abolición de esta forma cruel de castigo».
Francisco, además se opone a las penas a perpetuidad. ya que «quitan la posibilidad de una redención moral y existencial» y «son una forma de pena de muerte encubierta», dijo.
El Papa sostuvo además que «los principios tradicionales de la justicia, caracterizados por la idea del respeto a los derechos individuales y su protección de toda interferencia en ellos por parte de los demás, deben complementarse con una ética del cuidado. En el campo de la justicia penal, ello implica una mayor comprensión de las causas de las conductas, de su contexto social, de la situación de vulnerabilidad de los infractores a la ley y del padecimiento de las víctimas. Este modo de razonar, inspirado por la misericordia divina, nos debe llevar a contemplar cada caso concreto en su especificidad, y no a manejarnos con números abstractos de víctimas y victimarios. De este modo, es posible abordar los problemas éticos y morales que se derivan de la conflictividad y de la injusticia social, comprender el sufrimiento de las personas concretas involucradas y llegar a otro tipo de soluciones que no profundicen esos padecimientos».
