El presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, destacó este martes el «avance» que implica en un año electoral el envío de la iniciativa para su debate en el Congreso de la Nación, ya que «sistematiza la historia de los últimos 100 años de historia de la Justicia».
La iniciativa remitida por el Ejecutivo nacional obedece a que el actual Código Penal, sancionado en el año 1921, ha sufrido numerosas modificaciones parciales que afectaron su unidad, sistematicidad y coherencia interna y que dificultan el pleno cumplimiento del mandato previsto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Borinsky, que se desempeña como juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró que se sistematizan «casi 900 leyes especiales», y ponderó la apertura de la discusión del tema a nivel parlamentario, aunque aceptó que en un año electoral podría demorarse la aprobación en ambas cámaras.
El magistrado lideró durante los últimos dos años la comisión asesora de especialistas que redactó el nuevo código, que busca reemplazar el actual, que rige desde 1921.
El proyecto de 244 páginas fue enviado anoche por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, donde está previsto que se gire a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador del PJ Pedro Guastavino.
Mariano Borinsky
La discusión podría comenzar en abril. Borinsky se refirió esta mañana a algunos puntos de la propuesta que prometen generar polémica, como el reclamo de la despenalización del aborto.
En el texto no se despenaliza, pero se deja a criterio de cada juez la posibilidad de castigo a las mujeres que interrumpan el embarazo, un punto que ya comenzó a recibir críticas de parte de las activistas del pañuelo verde.
«El Código Penal tiene un avance en el tema del aborto», consideró el juez, y señaló que «se incorpora la posibilidad del aborto no punible cuando está en riesgo la salud de la mamá y en caso de violación«.
«También se incorporan penas contra la violencia de género», agregó.
La corrupción también formará parte del debate en el Congreso ya que en el nuevo Código se endurecen las penas en este sentido, fundamentalmente para quienes se desempeñan como funcionarios públicos.
«Se aumentarán las penas para los delitos de corrupción, que pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios», especificó.
Otro de los puntos polémicos es el que incorpora pena para aquel que en una manifestación arroje piedras contra las fuerzas de seguridad.
El nuevo Código «lleva hasta tres años las penas para los que arrojan piedras u otros elementos durante una manifestación contra los miembros de las fuerzas de seguridad», y castiga a quienes «detengan o entorpezcan la marcha de un medio de transporte» público o privado.
La despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, en escasa cantidad y cuando su consumo sea en ámbitos de privacidad, también es otra de las medidas novedosas que incluye la reforma.
El juez explicó que deben darse «las tres condiciones en simultáneo» y añadió que se trata de «la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Arriola, que sentó jurisprudencia» y amplía ese criterio para el
autocultivo de marihuana.
