El Senado le dio sanción definitiva a las leyes de seguridad de Pullaro, en su versión más racional
La Cámara alta trató sobre tablas el mensaje del Ejecutivo, que sufrió varios cambios en Diputados, impulsados por el PS. El bloque Justicialista votó a favor en general y en contra en tres artículos polémicos.
- Política
- Nov 20, 2026
El Senado de Santa Fe le dio este jueves sanción definitiva al paquete de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial en materia de seguridad, procesal penal, penitenciaria y de inteligencia, denominada Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que sufrió varias modificaciones en su paso por Diputados y dividió a los legisladores de Unidos. El texto original había recogido numerosas críticas por su avance sobre derechos individuales y su dudosa constitucionalidad.
El senador por el Departamento Rosario, Ciro Seisas, recordó durante la sesiópn la situación crítica que atravesaba la ciudad en 2024 y destacó las decisiones adoptadas en materia de seguridad. En ese marco, afirmó que “la sanción de nuevas herramientas permite continuar fortaleciendo la seguridad y anticiparse al delito”, y señaló que los homicidios disminuyeron un 70% en tres años.
Al explicar la postura de su bancada, el senador justicialista por San Lorenzo, Armando Traferri, sostuvo: “Siempre el bloque justicialista estuvo acompañando las emergencias en seguridad pública porque no especulamos en una cuestión tan sensible para los santafesinos”.
En esa línea, explicó que el acompañamiento en general responde a la voluntad de no obstaculizar el tratamiento de una norma de esta naturaleza, aunque aclaró que existen tres artículos que su bloque decidió no acompañar.
Se trata de los artículos 5, 6 y 8, por los que se amplían los supuestos por los cuales la policía puede realizar un allanamiento sin previa orden firmada por un juez; otorga facultades a los fiscales para imponer medidas cautelares a un acusado sin control de un magistrado; y establece el procedimiento por decreto penal, que implica la imposición de sanciones por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en casos contravencionales o de criminalidad de bajo impacto, que no contemplen privación de la libertad.
El Mensaje N.º 17/2026 enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura en mayo pasado contemplaba una serie de modificaciones -allanamientos sin orden judicial, declaración ante la policía sin abogado defensor, etcétera- que la mayoría de las organizaciones civiles, de abogados, y hasta la Corte Suprema de Justicia provincial cuestionaron por su dudosa constitucionalidad.
Las críticas apuntaron a la vulneración de derechos individuales de las personas y la posible violación de garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos de las arbitrariedades estatales. Las diferencias al interior del interbloque Unidos en la Cámara de Diputados, entre la bancada del Partido Socialista y el resto de las fuerzas oficialistas, motivó una demora en el tratamiento y alumbró cambios al texto original.
Uno de los temas principales fue las “declaraciones de imputados”, que finlamente dejó afuera la disposición que, en determinadas circunstancias, permitía tomarle declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Otra fue la posibilidad de declaración “zonas con facultades policiales ampliadas”, una suerte de mini estados de sitios.
En el escrito final que aprobó Diputados -y que el Senado transformó en ley- se retiró el régimen especial de intervención policial previsto para zonas atravesadas por situaciones graves de violencia. En tanto, el punto de allanamientos quedó para supuestos excepcionales que el proyecto contemplaba sin orden judicial, la fórmula derinitiva prevé una orden del fiscal y control judicial. El alcance de ese control dependerá de la redacción final.
Con prisa y sin pausa, el Senado aprobó sobre tablas en su sesión del último jueves el expediente con media sanción de Diputados, que introdujo una serie de cambios que dotó de mayor racionalidad al paquete de reformas.

