En el marco de una jornada clave, el Senado se encuentra sesionando desde las 14.10 para tratar el proyecto de ley ómnibus que plantea el pago de sentencias a jubilados y el blanqueo de capitales que, en caso de ser aprobado, como se prevé, se convertirá definitivamente en ley.
Por el lado del oficialismo, el senador Alfredo Martínez defendió el proyecto que establece que el Estado pagará la deuda que mantiene con un tercio (2,5 millones) de los jubilados por la falta de actualización de haberes. Su justificación es que se trata de una ley que busca «evitar que se sigan proliferando juicios contra el Estado», por más que la Anses ya haya estado pagando sentencias.
Respecto del blanqueo, el santacruceño sostuvo que «es un sistema voluntario, excepcional», y aclaró que «no podrán ser objeto de blanqueo» los fondos depositados en países denominados «de alto riesgo» por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En primera instancia, la oposición se mostró fervientemente en contra de la ley de blanqueo, pero están dispuestos a votarla a favor por su implicancia con los jubilados. Daniel Lovera, senador del PJ-FPV, aseguró que no le gusta «aprobar blanqueos» y que le «enoja cuando quienes no pagaron impuestos como corresponde son beneficiados de un plumazo», pero sostuvo que en este caso es distinto, ya que «ata parte de su recaudación al pago de las jubilaciones», por lo que «la finalidad es distinta» y por la cual justifica su apoyo al proyecto.
A su vez, el senador por La Pampa se dirigió al presidente Mauricio Macri, asegurando que «sobre el blanqueo propuesto por el gobierno anterior decía que es un viva la pepa para todos los que estaban fuera de la ley».
La iniciativa contiene 97 artículos y dentro de sus puntos, incluye la ratificación de la devolución del 15% de fondos coparticipables a las provincias.
En el articulado se establece que el Estado pagará la deuda que mantiene con un tercio (2,5 millones) de los jubilados por la falta de actualización de haberes, a quienes divide en tres grupos: los que ya tienen una sentencia firme a su favor; los que iniciaron juicio contra la Anses pero aún no obtuvieron fallo y los que están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no accionaron judicialmente.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
Según el proyecto, la segunda fuente de ingresos para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que se incluye en otro capítulo del mega proyecto enviado por el gobierno.
La pauta de recaudación del blanqueo de capitales que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de dólares.
La iniciativa establece, por otra parte, la creación de dos comisiones: una que se abocará a la reforma del sistema impositivo en un plazo de tres años, integrada por 15 diputados y 15 senadores, y otra, que
funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo y tendrá como objetivo la reforma del sistema previsional.
Por otra parte, se formaliza también el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la Anses.
La jornada en el senado comenzó con un homenaje al ex presidente Arturo Illia. Fuera del establecimiento, trabajadores de distintos sindicatos se congregaron en forma de protesta ante una posible aprobación.
