Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires
El secretario General de los trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro dialogó con Conclusión en el marco de la citación que le formuló el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a los ex funcionarios Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel quienes deberán prestar declaración indagatoria por la causa de vialidad, en la que se investigan irregularidades en concesiones a la familia Macri durante el gobierno anterior.
El magistrado también dictó la prohibición para salir del país a Dujovne, ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Iguacel y al ex ministro de Transporte Dietrich.
En este contexto, ante la pregunta de cuál es la realidad de Vialidad Nacional tras el paso del macrismo, Cattanzaro respondió que están en «un proceso de auditaría, si bien la nueva gestión tienen la intención de recomenzar algunas obras y de relanzarla para la primavera, hay mucho que trabajar sobre lo que dejó el gobierno neoliberal».
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«Estamos atravesando el proceso judicial sobre el tema Ausol y el Acceso Oeste, donde pasan cientos de miles de autos por día, que les representaba un negocio extraordinario, y donde el Grupo Socma sacó una gran tajada vendiendo sus acciones por encima del 400 por ciento de su valor de mercado». «Llevándose más de 20 millones de dólares en una operación donde todos tuvieron su tajada. Al grupo Ausol se le reconocieron más de 500 millones de dólares, prorrogándole al concesión».
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«El daño que se hizo en Vialidad es muy grande, se afectó a toda la obra pública de la mano de Dietrich, la revolución de los aviones, se ve como quedó e incluso antes de la pandemia, o la situación hídrica», señaló Catanzaro.
Sobre el programa de Participación Público Privada, Cattanzaro apuntó que «fue un gran negocio financiero», que en el mes de agosto caerá. Está claro que las concesiones viales de ese programa guardaban ciertas características que lo llevan a ser un negocio financiero, porque cuando a la empresa se le otorga la concesión debe hacer obras deben estar bancadas por el sector financiero. Y de un valor original de 5600 millones de dólares hoy están por encima de 10 mil millones, es decir son 5000 millones de diferencia y es lo que se llevaron los bancos.
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Respecto de las licitaciones para la construcción de las rutas, le mentían a la gente, porque decían que resultaba un 40% más barato, pero en esas ofertas, no estaban las rotondas, puentes, señalamientos, ni la pintura, luego solicitaban la modificación de obra, que no figura en ningún lado, y así se supo después que esos valores están multiplicados por 8, dibujaban las licitaciones», fue una gran estafa al contrato social del macrismo con el pueblo.
«Esto tiene otra pata, la ley de redeterminación de precios, antes de 2016 se licitaba cada 20%, con emacrismo se aprobó cada 5%, eso quiere decir que mensualmente las empresas readecuaban sus valores, por lo tanto la ganancia era extraordinaria», manifestó el sindicalista.
En febrero de 2019 el Sindicato de Vialidad denunció que el tramo de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, que había sido licitado en 2015 con un presupuesto de 285 millones de pesos, pasó a costar 2500 millones en 2019, nueve veces más y que la compañía beneficiada es la histórica constructora de los Macri, IECSA.
A pesar de que la readecuación de precios obligaba a realizar una nueva licitación, esto no ocurrió y la empresa adjudicataria siguió siendo la misma: IECSA, que siempre fue del Grupo Macri, Mauricio la había “transferido” a su primo Ángelo Calcaterra en 2007 y en marzo de 2017 pasó a Marcelo Mindlin, lo que fue denunciado como una venta simulada.
