El presidente Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron hoy, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Tras la reunión, que se extendió por más de dos horas en el Salón Eva Perón, la Presidencia de la Nación difundió un comunicado oficial en el cual se informa de la decisión adoptada contra Horacio Rosatti, titular de la Corte, y los demás integrantes del tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con respecto de Rosatti, se señala en el comunicado que «decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».

Sobre los restantes miembros de la Corte, se puntualiza que se solicitará el inicio del proceso de juicio político, por «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad».

Con ese propósito, decidieron «pedir al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación».

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El comunicado lleva la firma de los gobernadores de las provincias Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Poco después de la reunión se dio a conocer el texto del mensaje que el Poder Ejecutivo enviará a la diputada Ana Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el que se solicita la apertura del procedimiento de juzgamiento.

En el mensaje se encuadra el pedido de juicio político a Rosatti en la causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y se rechaza expresiones del juez de que la legislación organizativa del Poder Judicial de la Nación, «deben necesariamente recabar el previo visto bueno de la Corte», entre otros aspectos. Destaca que «la pretensión de actuar como una suerte de órgano co-legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República», y que el máximo tribunal del país ha adoptado decisiones «extralimitando sus funciones constitucionales de modo inadmisible».

En cuanto a los «hechos de distintos grados de responsabilidad» de los restantes miembros de la Corte, se enumeran los «atropellos al Consejo de la Magistratura», el «escandaloso» fallo en la demanda de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, y los chats del principal colaborador de Rosatti, Sergio Robles con funcionarios de la CABA, entre otros.

Uno de los voceros del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza «en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional». Detalló que la «multiplicidad de hechos irregulares» atribuidos a la Corte, van desde «la violación de la Ley de Ética Pública hasta el mal desempeño».

Estas decisiones tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080″, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937, dijo el gobernador chaqueño.

A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de «manifiesta parcialidad» en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).»Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano», dijo.

El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.