Fiscales y defensores quieren “independencia” de los tres poderes en la nueva Constitución

Las titulares del Servicio Público de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, y la del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cecilia Vranicich, defendieron este jueves ante la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales de la Convención reformadora la necesidad de obtener “independencia de los tres poderes del Estado” de esos servicios en el nuevo texto constitucional santafesino. La conformación del Consejo de la Magistratura también está en discusión. Los fiscales sostienen que el control disciplinario y sancionatorio de sus inconductas debe permanecer en el organismo y la selección bajo el paraguas de un Consejo de la Magistratura con equilibrio entre los estamentos que lo conformen. «Si el Legislativo tiene mayor participación esto va a afectar la independencia y la autonomía«, puntualizó Vranicich.

¿Quién (y cómo) podrá defendernos?

En primer lugar expuso Moreno Robinson, quien dijo que “el posicionamiento institucional tiene una sola finalidad, que es la de lograr un cuerpo fuerte para dar la mejor defensa. Cuando hablamos de independencia del órgano de la Defensa, cuando hablamos de autonomía y autarquía, tiene una finalidad: que se puede garantizar la defensa efectiva y eficaz”.

Para conseguir esa meta, dijo, se requiere que “los defensores no tengan presiones, que estén libres de cualquier tipo de injerencia o control indebido, para que pueda realizar su tarea sin temor a represalias” de la cabeza del Poder Judicial.

Actualmente, por la ley que lo creó, el Servicio Público de la Defensa Penal (es decir, el servicio gratuito de abogados defensores) tiene autarquía y autonomía pero no es independiente del Poder Judicial, en cuya jurisdicción orbita.

“La mayor parte de los proyectos (de reforma de la Constitución) hablan de independencia de otros poderes, reconocen la autonomía y la autarquía. Lo que para nosotros es algo muy importante es que también tengamos la posibilidad de la defensa integral”, dijo Moreno, en relación a otras materias del derecho, no solo la penal.

Además, planteó la necesidad que el nuevo texto constitucional equipare “los derechos de los trabajadores” del Servicio Público de Defensa “en trato, escalafón y jerarquía”, para que “los efectos patrimoniales, tributarios y previsionales sean iguales a los del Poder Judicial”. Y que los defensores tengan los mismos derechos de inamovilidad, inmunidad e intangibilidad de las remuneraciones” que poseen los jueces en la actual Constitución .

El dedo acusador

En su lugar expuso en la Convención reformadora de la Constitución la fiscal general Vranicich, quien planteó que en alguno proyectos se plantea la independencia del MPA, pero es necesario -de acuerdo a su punto de vista- que aclare que es “de los tres poderes del Estado”, de modo de tener en su poder las facultades de superintendencia, que son las atribuciones para ejercer el gobierno y la administración.

Vranicich puso el acento, además, en el sistema de selección y remoción de los fiscales. Cuando se creó el MPA, el poder disciplinario y sancionatorio de los fiscales estaba en manos del propio órgano. Pero sufrió una modificación cuando un grupo de fiscales investigó presuntos delitos de los que estaban sospechados senadores provinciales, lo que motivó un cambio en la norma y ahora, la sanción definitiva la aplica la comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Para los fiscales, eso significa pérdida de independencia en relación a otro poder, en este caso el Legislativo, que puede poner y sacar fiscales. Para la política, se trata de un contrapeso.

Vrainich pidió que tango la selección como la remoción “sea autónoma, como tiene el Ministerio Público Fiscal (MPF, de la Justicia Federal). Advertimos que no están siendo receptadas por los convencionales y vemos proyectos donde algunos estamentos tienen preeminencia. Si el legislativo tiene mayor participación esto va a afectar la independencia y la autonomía”, afirmó la fiscal general.

Vranich compartió el modelo actual de selección y remoción de las cabezas del MPA y el Servicio Público de la Defensa, pero señaló que “los fiscales y los defensores deben tener un sistema distinto. El tribunal de remoción tiene que tener equilibrio en la representación estamentaria (entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la sociedad civil)”.

“También nos preocupa que cuando hablamos de régimen disciplinario: la institución necesita que quien hace esa investigación sea un organismo técnico, por eso es importante el Auditor General de Gestión. En la ingeniería que se termine diseñando -tal vez sea para una ley posterior-, sería bueno que esto lo podamos hacer nosotros internamente”, dijo, para agergar que “el MPA dio cuenta que no nos ha temblado el pulso cuando un fiscal se desempeñó mal. Hemos remitido todas las cuestiones disciplinarias a la comisión de Acuerdos”.