El juez norteamericano Thomas Griesa recibirá mañana a los abogados que defienden a la Argentina y representantes de los bonistas denominados «me too», en un nuevo capítulo de la pelea judicial con fondos buitre.
Griesa llamó a una nueva audiencia para este miércoles a las 15 para escuchar a los bonistas que buscan ser reconocidos por el magistrado para ser incluidos en la causa bajo el criterio pari passu y sumarse al fallo que benefició al fondo NML Capital en su reclamo de 1.300 millones de dólares, más intereses.
En la audiencia el magistrado recibirá también las explicaciones de la Argentina sobre la denuncia de los fondos buitre de haber desobedecido el «discovery» pedido por el magistrado, o sea informar los bienes disponibles en Estados Unidos y que pueden ser potencialmente embargables.
En espera de la decisión de Griesa hay demandas que superan los 10.000 millones de dólares en títulos que no participaron del canje de deuda del 2005 y 2010.
La semana anterior, el fondo Procella Holdings, se sumó a las demandas contra la Argentina.
La audiencia tendrá lugar a 15 de Argentina, en el piso 26 de la corte distrital de Nueva York, al sur de Manhattan, con la participación de abogados de NML Capital y de los del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que defienden a la Argentina.
La defensa de la Argentina presentó un escrito al juez contra ese pedido de los «me too» (a mí también según la traducción), sosteniendo que para el país es «imposible» hacer frente a una sentencia en contra, argumentando el bajo nivel de reservas del Banco Central.
Esa presentación fue contestada por el abogado que representa a NML, Robert Cohen, sosteniendo que los demandantes «no requiere un pago al contado» y que «la conducta de la Argentina incuestionablemente ha demostrado que puede hacer pagos de la deuda cuando decide hacerlo».
El juez puede firmar la orden propuesta por NML ese mismo día o puede postergar su decisión.
Los fondos buitre presentaron también hace dos semanas un escrito a Griesa, a través de NML Elliott, Aurelius y Blue Angel, pidiendo que se embarguen los bienes diplomáticos y militares de la Argentina, así como eventualmente las acciones del país en YPF y Enarsa, además del Banco Central.
En el escrito los fondos recordaron que en agosto pasado, Griesa, el juez habilitó la cláusula Discovery, que suponía que, al no acatar la Argentina la orden de pago del fallo del 2013 por 1.330 millones de dolares, cualquier juez de los Estados Unidos podría avanzar sobre activos físicos y financieros del país.
